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CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) pagó a una empresa 281.7 millones de pesos por almacenamiento y distribución de imágenes médicas de imagenología (radiología), endoscopia y anatomía patológica, de las que no existe evidencia que fueron realizadas.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la empresa que debió proporcionar los servicios es Tesi de México, S.A. de C.V., la cual fue contratada desde 2017 y amplío la prestación del servicio hasta noviembre de 2021, mediante dos convenios modificatorios.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por un monto de 281,740,800.00 pesos (doscientos ochenta y un millones setecientos cuarenta mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), por no contar con evidencia que acredite que el servicio de gestión, almacenamiento y distribución de imágenes médicas de imagenología (radiología), endoscopia y anatomía patológica que se pagó durante 2021 correspondió a procedimientos realizados en las unidades médicas”, indicó la ASF.
La Auditoría realizó visitas al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, al Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, al Hospital Regional de León (Guanajuato), al Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana y al Hospital Regional de Puebla, y en ninguno de ellos encontró evidencias de que el servicio efectivamente se hubiera prestado.
“No fue posible corroborar que, durante el 2021, el proveedor proporcionó el servicio integral de gestión de imagenología en las unidades médicas del ISSSTE descritas en el Anexo 3 “Lugares para la prestación del servicio” del contrato número LPNE-CS-DA-SRMS-298/2017, debido a que no se contó con la evidencia de los procedimientos realizados y concluidos a entera satisfacción del Instituto”, indicó.
La ASF además se encontró que el contrato, suscrito en diciembre de 2017, fue extraviado. Se reportó como perdido el 5 de julio de 2022 y una semana después se presentó una denuncia por este hecho.
La Auditoría solicitó que el Órgano Interno de Control (OIC) también inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos que extraviaron el documento.
Estas anomalías fueron detectadas por la ASF en las 692 auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2021 que el viernes fueron entregadas a la Cámara de Diputados.
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