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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) rechazó una crisis en las instancias que iniciaron operaciones en la primera y segunda etapa de la reforma laboral.
En un posicionamiento de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, firmado por su presidenta Claudia E. de Buen Unna, había advertido que la falta de capacitación y bajo presupuesto pone a las nuevas instancias de justicia laboral en una crisis de operación, lo cual refutó la STPS.
“Es falso que las nuevas instituciones de justicia laboral de la primera y segunda etapa muestren una crisis igual o mayor a la que se pretende remediar.
“En los 21 estados donde el nuevo modelo ya es una realidad, 75 por ciento de los conflictos atendidos por los Centros de Conciliación federales y locales se resuelven mediante convenio en un promedio de 23 días, la mitad del plazo máximo que establece la Ley”, comentó.
Añadió que los asuntos que no son conciliables y pasan a manos de los Tribunales Laborales dependientes de los Poderes Judiciales se están resolviendo en un promedio de seis meses.
Esto contrasta con el tiempo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para emitir un laudo, que en muchos casos superaban los cinco años.
La implementación de la reforma laboral ha sido una prioridad para el gobierno de México, ya que del año 2020 a la fecha se han invertido más de 10 mil millones de pesos para la operación de los nuevos Centros de Conciliación y Tribunales Laborales federales y locales.
Además, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 contempla la asignación de más de 6 mil millones de pesos en recursos federales, incluyendo 860 millones de pesos en subsidios para las entidades federativas.
“Lo que refleja la convicción de esta administración en seguir fortaleciendo el nuevo sistema de justicia laboral hasta su consolidación”, advirtió.
La Secretaría dijo que las autoridades y los usuarios del nuevo sistema de justicia deben abandonar prácticas del pasado y renovar su visión sobre el papel que juegan en este proceso histórico.
Añadió que la Barra Mexicana y otras instituciones tienen la responsabilidad de impulsar la formación, certificación y capacitación de los defensores en un juicio laboral.
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