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CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta de modificación constitucional en materia de industrias estratégicas del Estado establece que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe privilegiar la justicia social antes que las mejores prácticas operativas y las utilidades.
Las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, parte de las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscan que la CFE deje de ser una empresa productiva del Estado.
“Se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado, incorporado al texto constitucional por recomendaciones de organismos internacionales financieros de corte neoliberal, desnaturalizando la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad, convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y reduciendo su finalidad a la mera obtención de utilidades.
“Asimismo, se propone eliminar la obligación de que las empresas públicas se guíen por el concepto de las ‘mejores prácticas’ porque, de acuerdo con la propia definición neoliberal, se refiere a un gobierno corporativo que se constituye por accionistas e inversionistas, lo que no aplica a la empresa pública”, expone.
Se contempla que las empresas privadas que participen en la generación eléctrica también tengan como principio la justicia social, sin prevalecer sobre la empresa pública.
“Se propone añadir que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, vigente en nuestra Constitución, tengan un objetivo explícito: preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro”, apunta el documento.
Indica que al ser la electricidad un derecho humano, y que su acceso no puede depender de las capacidades económicas o de las empresas o regiones privilegiadas, el servicio de electricidad deberá ser público y sin fines de lucro, por lo que no podrá considerarse como un monopolio del Estado.
En 2023, por cada peso que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) invirtió en actos de fiscalización ganó 147.2, el mayor nivel en 24 años.
Este monto fue superior al del año pasado en 14.3 por ciento, cuando su rentabilidad fue de 128.8 pesos por cada peso invertido en fiscalizar, según información de la Secretaría de Hacienda.
En 2019, por cada peso invertido se recuperaban 80; en 2020 y 2021 se obtuvieron 123.4 pesos.
Para Guillermo Mendieta, socio del despacho Mendieta & Cía, esto es resultado del nivel de automatización que ha alcanzado el fisco en sus operaciones a través de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), a través de los cuales detecta un mayor número de irregularidades.
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