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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia confirmó que el Gobierno tiene que revelar los precios que paga por compras de emergencia de energía eléctrica en Baja California desde 2019.
Por ocho votos contra tres, el Pleno de la Corte rechazó un recurso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal que, alegando riesgos a la seguridad nacional, impugnó una orden dictada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) en marzo de 2023.
En ese fallo, se ordenó al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) difundir seis contratos de compra firmados en 2022, bajo protocolos de emergencia en Baja California, sin censurar el monto que se pagó a las empresas proveedoras.
Tres de estos contratos-mencionó el Ministro Jorge Pardo–, fueron firmados con una filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es decir, las dos partes involucradas fueron órganos del gobierno, pero aún así se pretendía mantener el monto bajo reserva durante cinco años.
El Gobierno alegó que publicar esos precios afectaría la confiabilidad del sistema eléctrico, facilitaría maniobras de colusión entre las empresas vendedoras, e incluso habría riesgos de sabotaje a la infraestructura.
Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres fueron las únicas que apoyaron estos argumentos.
“La divulgación de los precios de esos contratos no conlleva una amenaza a la seguridad nacional, en tanto que su conocimiento no interfiere con acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia de infraestructura de carácter estratégico o prioritario para la provisión de servicios públicos como el Sistema Eléctrico Nacional o el de Baja California”, expuso Luis María Aguilar.
“No se dan a conocer detalles de la producción, servicio, costos internos o aspectos técnicos de operación o infraestructura”, agregó.
Alfredo Gutiérrez destacó que la posible colusión entre empresas no es un problema de seguridad nacional, sino de competencia económica, mientras que Juan Luis González Alcántara destacó que publicitar los precios podría incentivar que se hagan ofertas más económicas al Cenace.
“Existen una gran cantidad de variables y requerimientos distintos para cada ejercicio, no se advierte una conexión directa para que el conocimiento del precio llegar a obstaculizar la compra de energía para futuras emergencias. Incluso, la publicidad puede permitir que los competidores pudieran hacer ofertas a mejores precios, o por competidores diversos”, explicó Pardo.
Margarita Ríos-Farjat señaló que el número de posibles participantes en una licitación o concurso–en el caso de Baja California, fueron 28–, no puede ser un pretexto para que las dependencias oculten los montos de sus contratos, mientras que Javier Láynez sostuvo que el argumento de la CJEF podría usarse para opacar cualquier contrato público.
También se recordó que la Ley de la Industria Eléctricas y normas del mercado mayorista establecen el principio de máxima publicidad en materia de contratos, a su vez regidos por las reglas de difusión del artículo 134 de la Constitución.
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