El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, envió este lunes al Congreso local una iniciativa para derogar el artículo 331 del Código Penal estatal, que establece el delito de ultrajes a la autoridad, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se lo solicitara al mandatario “a fin de prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos”.
Esta solicitud de la CNDH al morenista García fue presentada el pasado 31 de diciembre, cuando el órgano autónomo emitió recomendaciones tanto para el gobernador como para la Fiscalía del estado por la detención arbitraria y la imputación indebida por el delito de ultrajes a la autoridad de seis jóvenes que fueron detenidos en una plaza comercial de Xalapa el pasado 8 de septiembre.
Las seis personas fueron liberadas el pasado 16 de diciembre de la prisión preventiva que se les había dictado, luego de que un juez federal determinó que la Fiscalía de Veracruz no aportó las pruebas de que se cometió el delito de ultrajes de la autoridad que se les había imputado.
El senador Ricardo Monreal, tras la liberación de los jóvenes, se pronunció sobre el caso, dado que se involucró en la defensa de los seis jóvenes acusados por las autoridades de Veracruz.
“Lo cierto es que los datos (de prueba) provienen de los propios elementos policiales que realizaron la detención el día de los supuestos hechos, sin que los dichos de los aprehensores se concatenan con otros datos de prueba y, por el contrario, existen diversos datos de prueba que los contradicen”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.
Tras su investigación de estos hechos, la CNDH determinó, entre otras irregularidades, que la detención se hizo sin orden de aprehensión, la puesta a disposición de los elementos de la SPP estatal “se apartó de la verdad”, así como que la imputación y la prisión preventiva fue indebida al desestimar las autoridades las pruebas a favor de los seis jóvenes.
Por lo anterior, la CNDH solicitó a Cuitláhuac García y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz reparar el daño ocasionado, brindando a las seis víctimas atención médica y psicológica gratuita que se requiera y les provea de los medicamentos que necesiten, y a proceder en contra de los servidores públicos que incurrieron en la detención arbitraria y la imputación indebida
