El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión no está obligado a dar al Instituto Nacional Electoral (INE) los recursos necesarios para que pueda llevar a cabo el proceso de revocación de mandato, toda vez que en la Constitución no se establece criterio que indique que se deban cubrir las necesidades presupuestales de las instituciones.
Esta decisión de los ministros se dio en el marco de la discusión de la acción de inconstitucionalidad 151/2021 promovida por legisladores de oposición contra algunos artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que inició el pasado lunes y culminó este jueves.
Como parte de la acción presentada ante la Corte, los promoventes alegaron que existía omisión por parte del Congreso al no incluir en el presupuesto del INE los recursos que el órgano electoral solicitó para la realización de la consulta de revocación de mandato.
Tras el análisis, el Pleno de la SCJN resolvió que “no existe un mandato expreso en la Constitución General para regular lo concerniente a la suficiencia presupuestaria”, además de que en ésta se establece que el INE, en materia de consultas populares y revocación de mandato, éstas “se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes”.
El pasado 14 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, en el que se dispuso el recorte al gasto del INE, el Poder Judicial y la Cámara de Diputados para reasignarlos, en su mayor parte, a programas sociales del gobierno federal.
El PEF para el próximo año reparte 7 billones 88 mil millones de pesos. La institución más castigada es el INE, con un recorte de 4 mil 913 millones de pesos. El órgano electoral solicitó un presupuesto de 24 mil 649 millones de pesos, pero le asignaron 19 mil 736 millones de pesos para 2022
