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En Durango, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) comenzó a trabajar hace más de 20 años con la población carcelaria del estado. Hace poco se llegó al grado de crear libros de texto adaptados a su contexto, en cuyo diseño colaboraron personas privadas de la libertad. Y funcionaron bien, hasta que llegó un funcionario y dijo que tenían que trabajar con los libros convencionales. Pero ésos no sirven: están llenos de códigos QR y links a sitios en internet a los que la población en la cárcel no puede entrar tan fácilmente. La anécdota la contó Édgar Ricardo Ortega Sánchez en el Auditorio W del ITESO, durante la mesa de trabajo de la segunda jornada del Primer Congreso en México de Educación en Contextos de Encierro.
El título de la mesa era “Programas y proyectos de educación formal en México” y durante ella se compartieron los trabajos que diversas iniciativas llevan a cabo en diferentes partes del país para ofrecer educación formal a las personas privadas de la libertad, permitiéndoles así ejercer su derecho humano a la educación. “Este es un esfuerzo por poner al centro un tema que siempre está al margen: la educación en las cárceles. Es un esfuerzo por abordarlo, por converger y compartir experiencias con programas de educación formal que en algunos lugares están realizándose desde hace dos o tres décadas”, dijo Rocío Camacho, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y quien fungió como moderadora de la mesa.
La primera en exponer sus trabajos fue María de los Ángeles Lara, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), institución que opera el Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social (Pescer), iniciativa que busca “fortalecer los recursos de reinserción social a través de la educación superior gratuita de calidad y humanista”.
A través del Pescer, la UACM ofrece las licenciaturas en Derecho, Ciencias Políticas y Creación Literaria. Actualmente suman ya 20 generaciones, que se traducen en mil 277 personas matriculadas, de las cuales mil 102 son hombres y 175 mujeres. Pero el impacto que ha tenido el Pescer va más allá de lo académico: “Es en la cárcel donde muchas personas ejercen por primera vez sus derechos culturales”, dijo Lara López, quién remató su participación recordando el lema de la UACM: “Nada humano me es ajeno”.
El segundo en participar fue Édgar Ricardo Ortega Sánchez, quien tituló su intervención como “Atención educativa en centros penitenciarios de Durango”. Comenzó celebrando la realización del congreso porque, dijo, “es relevante que se visibilice el trabajo, formal y no formal, que se hace en las cárceles de México. Cuando veníamos hacía acá pensábamos que éramos los únicos que estábamos haciendo este trabajo, y aquí nos dimos cuenta de que somos muchos y de que todos veníamos pensando lo mismo. Es bueno abrir brechas de colaboración e intercambio de saberes”.
El integrante del Instituto de Educación Dolores del Río recordó que en ese estado el trabajo de educación formal en cárceles comenzó en 1997 y señaló que se ha desarrollado un modelo de trabajo que incluye capacitación docente, evaluación adaptada, adaptación curricular, planeación adaptada, creación de materiales curriculares y didácticos, y protocolos de reacción para situaciones especiales y contingencias. Contó cómo trabajaron junto con las personas privadas de su libertad en la elaboración de sus propios libros de textos, adecuados a su realidad, y tuvieron que dejar de usarlos por órdenes de un funcionario. “Estamos en el proceso para que nos dejen retomarlos”, dijo, y añadió que se han dado pasos tales como que la educación en centros carcelarios sea incluida en el Programa Educativo 2023-2028 de la Secretaría de Educación de Durango. Eso es relevante porque, explicó, “la reinserción social inicia cuando la persona entra a la cárcel, no hasta que ya va a salir”.
Tanto María de los Ángeles Lara como Édgar Ortega compartieron que muchas de las dificultades que enfrentan tienen que ver con la burocracia, con convenios que no se han actualizado, incluso con el estado de ánimo de los funcionarios carcelarios. Un botón de muestra de las dificultades: uno de los invitados, de una universidad del sureste del país, al final canceló su participación en el congreso porque no tuvo autorización de hacer público el trabajo que realiza en la región. “Por eso formalizar estos procesos educativos es necesario para asegurar su permanencia y evitar caer en lo discrecional”, dijo Ortega Sánchez.
Araceli Benítez Arzate expuso el trabajo que ha realizado como bibliotecaria y docente en el Centro de Reinserción Social El Hongo, en Tecate, Baja California, donde la Universidad Autónoma de Baja California ofrece la Licenciatura en Ciencias de la Educación desde 2007. “Todos los trámites se realizan exactamente igual que con los alumnos de la universidad. Ahora tenemos 13 graduados en proceso de titulación”. Durante su intervención se contó con la participación remota de Christian Ponce, quien estuvo privado de su libertad en El Hongo y ahí realizó sus estudios de bachillerato, se capacitó para ser docente del INEA y, con los recursos que obtuvo enseñando a otros internos, costeó sus estudios de licenciatura. “Los resultados sí se dan, sin importar cómo sean los proyectos. Están impactando vidas con su labor, porque sus esfuerzos se unen con nuestros intereses”, dijo.
La última participación corrió por cuenta de Jelem Naara Gómez Neri, egresada de la Licenciatura en Psicología del ITESO y quien participó en el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) “Incidencia en el sistema penitenciario”. Ella explicó en qué consiste el trabajo de los PAP en general y el de incidencia en particular, y compartió con las y los asistentes cómo el trabajo con la población penitenciaria marcó su elección de ejercicio profesional. “Cuando uno mira la cárcel, no puede dejar de mirarla otra vez”, dijo, citando a la antropóloga Rita Segato.
El Primer Congreso en México de Educación en Contextos de Encierro se organizó junto con la Universidad de Guadalajara y tuvo como tema “Arte, prácticas pedagógicas y resistencias frente al encarcelamiento”. Las jornadas incluyeron un ciclo de cortometrajes, así como mesas centradas en el tema de la educación y el arte como camino para comprender las violencias.
