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CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes de comunidades de siete entidades del país llamaron a destrabar la discusión de iniciativas de reformas a la Ley Minera, para, indicaron, acotar la actividad extractiva y frenar los daños ambientales y sociales que esa actividad causa en diversas regiones.
Durante el foro “Las voces ignoradas”, realizado en la Cámara de Diputados, cuestionaron el otorgamiento de concesiones a empresas mineras sin consulta previa a comunidades potencialmente afectadas.
Advirtieron sobre el agotamiento de recursos hídricos provocado por las actividades de aprovechamiento, reprocharon la ineficacia de las autoridades ambientales para frenar la contaminación de cuerpos de agua y del suelo, y denunciaron amenazas y agresiones contra opositores a proyectos mineros.
Netzar Arreortúa, ex presidente municipal de Capulálpam de Méndez, Oaxaca, indicó que en la región de la Sierra Zapoteca de esa entidad el Gobierno federal ha concesionado más de 50 mil hectáreas, por más de 50 años, a empresas mineras, principalmente canadienses.
“Estas concesiones se localizan en tierras comunales, sin una consulta previa, libre e informada, y sin el consentimiento de las comunidades”, remarcó.
El municipio zapoteco de Capulálpam litiga desde 2015 contra las concesiones mineras otorgadas a la canadiense Continuum Resources LTD y a la mexicana Minera Natividad y Anexas y ya obtuvo una resolución favorable en 2019.
Sin embargo, acusó Arreortúa, Minera Natividad ha continuado sus operaciones de forma ilegal, provocando la contaminación de los cuerpos de agua que abastecen a la población del municipio.
Advirtió además sobre el riesgo que representan las presas de jales -desechos mineros-, pues acumulan material volátil y altamente contaminante sin controles efectivos.
La Profepa, reprochó, no ha querido hacer nada.
“Tal parece que el poder monetario puede más que las necesidades del ser humano”, lamentó.
En tanto, Rubén Florencio Sánchez, representante del Frente No a la Minería de los Valles Centrales de Oaxaca, denunció que la empresa Cuzcatlán, propiedad de la canadiense Fortuna Silver Mines, opera sin autorización ambiental en San José del Progreso.
La operación de la mina en ese municipio ha sido motivo de protestas y conflicto desde 2007.
En 2018 se registró un derrame en una presa de jales que contaminó un arroyo y un pozo del que se abastece el municipio
“Demandamos la cancelación del proyecto. La minería no nos beneficia en nada”, remarcó Sánchez.
Ángel Barrera, comisario de Bienes Ejidales de San Miguel del Progreso, del municipio de Malinaltepec, Guerrero, expuso el caso del litigio que emprendió la comunidad tlapaneca contra el proyecto minero Corazón de Tinieblas.
El proyecto, dirigido a la explotación de yacimientos de oro y plata en La Montaña de Guerrero, abarcaba más de 43 mil hectáreas.
San Miguel del Progreso solicitó en 2013 un amparo contra las concesiones otorgadas a la empresa británica Hochschild Mining, en un litigio que llegó a la Suprema Corte de Justicia. Al final, el caso fue sobreseído al renunciar la empresa a las concesiones.
Barrera remarcó, sin embargo, la necesidad de reformar la Ley Minera para proteger los derechos de las comunidades indígenas.
En el foro se presentaron los casos de las minas Salaverna y Peñasquito en Zacatecas; el del litigio del ejido Tecoltemi contra la canadiense Almaden Minerals en Puebla, y el del proyecto de explotación submarina “Don Diego” frente a las costas de Baja California Sur.
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