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A casi un año para las elecciones en la capital del país, varios funcionarios públicos ya se han perfilado para ocupar la jefatura de gobierno, así como otros cargos que se renovarán en el 2024, entre ellos la dirigencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. La actual alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dio a conocer este 06 de junio un video de una práctica de tiro para recordarle a los capitalinos su intención de suceder a Omar García Harfuch, Secretario de la SSC, en 2024.
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado para América Latina, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, calificó de inaceptable el uso de armas en público por parte de funcionarios, ya que dichas acciones fomentan la violencia.
Gutiérrez Yáñez aseveró que la obligación fundamental de cada funcionario es lo que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1ro fracción tercera:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Lo anterior con el propósito de resguardar la integridad y la dignidad humana de los capitalinos. Por otro lado, es importante recordarles a los funcionarios que la seguridad no es un asunto que implica únicamente el uso de la fuerza pública. Dentro de los planes para erradicar la delincuencia a nivel local, estatal o federal, se debe tomar en cuenta el concepto de seguridad humana que aparece en el Informe de las Naciones Unidas de 1990, en el cual se estipula que la seguridad humana es una categoría integral separada del concepto de seguridad defensiva de carácter militar.
En otras palabras, para que una nación tenga seguridad humana es necesario que la población cuente con educación, empleo, vivienda, alimento, seguridad jurídica, medio ambiente, igualdad, entre otros derechos y garantías que contribuyen a que los seres humanos tengan certidumbre de un futuro en el que puedan desarrollarse con plenitud. De esta manera, la gente no tendrá la necesidad de optar por el camino de la delincuencia para poder sobrevivir.
La CIDHPDA manifiesta su preocupación ante los mensajes donde los funcionarios públicos fomenten la violencia, ya que estos deben estar enfocados primordialmente a generar la paz social, el buen convivir y suscitar acciones de políticas públicas que vayan enfocados a la seguridad humana, así como a la prevención del delito. Cualquier iniciativa de combate al crimen debe estar apegada al debido proceso, a los tratados internacionales y basarse en la ley del uso de la fuerza, todo ello con el propósito de brindar apoyo a la población mexicana.
