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El 17 de septiembre se dio a conocer en medios
de comunicación que José Víctor Ortiz Montes, ex secretario particular de
Norberto Rivera, fue acusado, investigado y declarado culpable de pederastia,
efebofilia y abuso sexual por El Vaticano, sin embargo, las autoridades
mexicanas no han hecho su parte, por lo que el hoy excomulgado sacerdote sigue
libre en el país. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el
Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado para América
Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, exhorta al Estado Mexicano a
tomar las medidas necesarias para no dejar impune este y todos los casos de
pederastia clerical.
Durante 20 años, la Arquidiócesis Primada de
México ha protegido a Ortiz Montes, quien pertenecía a la Sociedad Clerical de
Vida Apostólica Cruzados De Cristo Rey (CCR), donde se desempeñaba como un
promotor vocacional. Dentro de sus funciones, organizaba y gestaba retiros
espirituales exclusivos para niños y jóvenes varones. De acuerdo con los
testigos, aprovechaba las actividades grupales, como excusiones y campamentos,
para perpetrar los delitos en contra de los menores.
La Arquidiócesis Primada de México nunca fue
clara con los padres de las víctimas sobre las denuncias interpuestas, en un
principio afirmaron que sí se había presentado una denuncia penal en contra del
sacerdote José Víctor Ortiz Montes, pero tiempo después informaron que
solamente presentaron “un informe/notificación el 5 de septiembre de 2017”,
ante la entonces Procuraduría General de la República, actualmente Fiscalía
General de la República.
Las víctimas de pederastia clerical y sus
familiares se encuentran en un estado de vulnerabilidad grave, pues tanto la
FGR como la Fiscalía de la CDMX se declaran incompetentes para investigar los
abusos sexuales de un ministro de culto. Por este motivo, la CIDHPDA exhorta al
Estado Mexicano a hacer las reformas necesarias a la ley para que los miembros
de cualquier institución religiosa acusados de pederastia sean sometidos a
proceso como cualquier otro ciudadano.
Por décadas, ningún gobierno, autoridad o
funcionario público ha denunciado ni ha intentado erradicar el sistema de
encubrimiento que protege a los curas pederastas. Incluso, el actual
representante del ejecutivo se ha mostrado tolerante ante estos casos. Todo el
aparato del Estado está obligado a concentrar sus esfuerzos por buscar la
verdad y la justicia, así como garantizar protección para las infancias y las
juventudes mexicanas. Así mismo, exigimos a la Arquidiócesis Primada de México
a comprometerse con el bienestar de las personas más necesitadas, como lo
establecen sus preceptos religiosos, y desista de encubrir a sus integrantes.
Su deber moral y cívico es cooperar con las autoridades, de lo contrario,
estarán contribuyendo al deterioro del tejido social en México, motivo que no
será tolerado por la ciudadanía ni por las asociaciones civiles.
