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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a Luis Iñaki Alberro Encinas, quien llegó a la Sedesol durante la gestión de José Antonio Meade, por un contrato de 17.8 millones de pesos otorgado en forma presuntamente indebida a la Universidad de Colima, en el caso de la Estafa Maestra.
Alberro, quien fuera director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol, es el único de los 10 investigados en este asunto que no se presentó el 6 de septiembre y el 9 de noviembre a las audiencias de imputación programadas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
Por razones diversas, ambas fueron postergadas y se espera que finalmente se lleve a cabo hasta 2023.
En la diligencia de septiembre pasado, el fiscal Raúl Mejía Tovar dijo al juez de control José Rivas González que la Policía Federal Ministerial de la FGR ha buscado al ex funcionario en un edifico de la Colonia Condesa, sin poder localizarlo para notificarle el citatorio.
En la sala de audiencias, la defensora pública federal Agustina Teresita Segura estuvo presente como representante de Alberro.
La audiencia de imputación no se ha llevado a cabo porque algunos ex funcionarios han pedido el diferimiento, debido a que no han tenido acceso a todos los documentos que recientemente la FGR ha agregado a la carpeta de investigación.
Alberro ingresó el 1 de octubre de 2015 a la Sedesol, cuando su titular era José Antonio Meade, y se desempeñó como director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios hasta el 10 de diciembre de 2018, periodo en el que también fueron secretarios Luis Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña.
La FGR lo relaciona con un convenio por el que la Sedesol pagó 17.8 millones de pesos a la Universidad de Colima, para actualizar la Plataforma de Seguimiento y Evaluación de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y del que presumiblemente no hay documentación suficiente para confirmar que los trabajos fueron prestados.
Pero este convenio de coordinación fue suscrito el 31 de julio de 2015, tres meses antes de que Alberro entrara a la dependencia.
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