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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia aplazó para después de las elecciones del próximo 2 de junio la discusión de seis asuntos cruciales para el Gobierno, que originalmente iban a ser resueltos en abril.
Se trata de cuatro acciones de inconstitucionalidad que, seguramente, llevarán a la invalidez de múltiples reformas legales aprobadas en el llamado Viernes Negro del Senado, en abril de 2023, y dos expedientes que pueden llevar a no aplicar la prisión preventiva oficiosa.
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La nueva fecha para iniciar estos debates es el 3 de junio, según la lista más reciente de sesiones de Pleno.
Cuando fueron listados por primera vez el pasado 23 de enero, estos casos iban a ser discutidos a partir del 9 de abril, y si bien esa fecha se había ido postergando, hasta el lunes pasado aún estaban contemplados para su discusión durante este mes o principios de mayo.
La Corte tiene una larga tradición de evitar casos polémicos o con carga política durante periodos electorales.
El orden de los asuntos con proyecto turnado es acordado por un comité que encabeza la presidenta Norma Piña, con sus colegas Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, y las fechas podrían tener nuevos cambios.
En las acciones por el Viernes Negro del Senado, tres Ministros y una Ministra propusieron anular los cambios legales aprobados el 28 de abril de 2023, por “violaciones graves” en el procedimiento legislativo.
Los proyectos invalidan una reforma sobre control de precursores químicos y productos para elaborar tabletas; cambios a la Ley de Bienes Nacionales sobre manejo y venta de bienes del Gobierno; la reforma a la Ley Ferroviaria, para dar asignaciones por tiempo indefinido a paraestatales militares, y a la Ley del ISSSTE, con nuevas reglas de créditos a burócratas.
En total, 11 reformas legales fueron aprobadas por Morena y sus aliados en esa sesión del Senado, y si la Corte tiene ocho votos a favor de estos proyectos, todas caerán eventualmente, aunque las Ministras afines al Gobierno podrían retrasar la entrega de proyectos que les corresponden, para esperar al retiro del Ministro Aguilar en noviembre.
Sobre prisión preventiva oficiosa, se discutirá a partir del 10 de junio un expediente para acordar la forma en que el Poder Judicial debe acatar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena a México eliminar esa figura.
Este expediente, a cargo del Ministro Jorge Pardo, ya ha provocado reclamos y advertencias del Gobierno sobre la “liberación masiva” de 68 mil reos, aunque la Corte sólo ordenaría a los jueces que valoren caso por caso si se debe mantener recluidos a los acusados.
Luego de este asunto, el Pleno discutirá una acción presentada por la CNDH en 2021, que impugna la inclusión de delitos como graves y de prisión preventiva oficiosa mediante una reforma a leyes secundarias, sin cambiar el artículo 19 de la Constitución.
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