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CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque hay avances en la protección de candidatos, es necesario que partidos y autoridades refuercen los mecanismos para prevenir la violencia en las elecciones de 2023 y 2024, advierte una investigación de El Colegio de México (Colmex).
Basado en 32 asesinatos de aspirantes a cargos de elección en el proceso 2021, el trabajo indica que si bien funcionaron los programas lanzados por autoridades federales y estatales en seguridad, hay fallas que deben corregirse.
El reporte, que se presentó ayer, indica que algunos precandidatos y candidatos recibieron amenazas, por lo que se considera que pudieron tomarse medidas.
Por ello, se sugiere a los contendientes acercarse a sus partidos, secretarías de seguridad o autoridades electorales, a la más mínima advertencia.
Los investigadores del Colmex recuerdan que la autoridad electoral tiene un papel limitado en materia de seguridad.
Se deberían realizar mapas de riesgo, señalan, pero no por parte de los institutos electorales, pues esto pondría en riesgo al personal que levanta datos, dado que los delincuentes podrían atacarlos en campo.
“Esta tarea recae en las autoridades encargadas de la seguridad que deberían abocarse a fortalecer la metodología para el análisis y evaluación de riesgo de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular.
“México necesita una homologación de la metodología para el análisis del riesgo”, indica el estudio.
Ese trabajo, agrega, debería basarse en la estrategia de Protección en Contexto Electoral puesta en marcha por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en 2021, en recomendaciones de activistas, reportes estatales y experiencias de otros partidos.
Para la elección de 2023, apuntan, partidos y autoridades deberían capacitar a candidatos sobre riesgos de violencia, protocolos y rutas de acción.
En lo inmediato, debido a que las campañas comienzan el próximo 2 de abril, es importante contar con mapas de riesgo de los municipios más conflictivos en Coahuila y Estado de México.
El reporte indica que las autoridades de seguridad de ambas entidades deben unir esfuerzos y visibilizar la información.
Para la elección de 2024, cuando estarán en juego más de 20 mil cargos –incluyendo regidurías y sindicaturas–, los partidos deberían tener más filtros para elegir a los candidatos, pues se detectó que en algunos casos de aspirantes asesinados, el partido local ni siquiera los conocía, advierte el reporte.
Además, apunta, al contar con recursos públicos, los institutos políticos tienen la posibilidad de dar seguimiento constante a la situación de seguridad o vulnerabilidad de los contendientes.
De acuerdo con la investigación, algunos de los aspirantes tenían antecedentes penales, lo cual pudo ser una causa del crimen, otros fueron ex titulares de áreas de seguridad y algunos más tenían rencillas personales con otros actores políticos.
“Es indispensable moderar la belicosidad de los discursos políticos. La polarización y las agresiones verbales crean un contexto adecuado para la violencia electoral. No está por demás apelar a los partidos políticos nacionales y locales a firmar pactos públicos de civilidad”, indica.
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