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CIUDAD DE MÉXICO.- En un escenario marcado por el aumento de asesinatos de activistas, se conmemoró el Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, instituido de forma oficial apenas el año pasado.
Durante 2022, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documentó 197 eventos de agresión contra ambientalistas, incluyendo 24 asesinatos, y este año los ataques no han cesado; sólo en el primer semestre se han registrado al menos 13 asesinatos.
Apenas el pasado 13 de junio fue asesinado en Tlalmanalco, Estado de México, Álvaro Arvizu Aguiñiga, defensor del agua, en un ataque al Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Un día antes también fue asesinado en Amecameca el académico y activista Cuauhtémoc Márquez Fernández.
Itzá Castañeda, directora de Equidad del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) en México, advierte que los conflictos relacionados con el manejo del agua se perfilan como un nuevo espacio de alto riesgo para los ambientalistas.
“Tenemos temor de que la crisis del agua puede incrementar esta situación de agresiones”, remarca en entrevista.
Señala que, de acuerdo con los datos de Cemda, entre 2021 y 2022 se registró un incremento significativo en las agresiones contra ambientalistas en México.
Una alta proporción de los casos, apunta, continúan ocurriendo en zonas rurales, y en particular en comunidades indígenas, pero, advierte, las agresiones no se restringen a esos espacios.
“Ya no es sólo contra indígenas y campesinos, ahora también es incluso contra investigadores que defienden el agua y el territorio”, señala.
“Lo que nos llama también la atención es que si bien en este reporte de Cemda se ubica a la minería como el sector preponderante, como el vinculado a la mayor parte de los asesinatos, hoy estamos viendo otros recursos en juego. Por supuesto el recurso forestal, que ya se había ubicado entre los principales, pero el tema del agua empieza a tomar fuerza”
Se trata, considera, de un tema extremadamente preocupante.
“En WRI esto nos importa mucho, sobre todo ante la creciente sequía, ante los crecientes conflictos por el acceso al agua, por el uso del agua, ante la inserción del crimen organizado en el manejo del agua, ante la falta de gobernanza, etcétera”, plantea.
Castañeda señala que es urgente actualizar la legislación en México y reforzar los mecanismos de protección de las personas defensoras del medio ambiente y considera que el Acuerdo de Escazú, cuya implementación se creó recientemente un grupo interinstitucional encabezado por la Cancillería, abre una ventana de oportunidad para enfrentar los ataques contra los activistas.
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