Cd. de México
Las prisiones en el País enfrentan dos grandes retos: la sobrepoblación, que en el ámbito estatal afecta a uno de cada dos penales, y la falta de custodios y personal de seguridad, en el 85 por ciento de los Centros Federales de Readaptación Social, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021.
El documento, dado a conocer este martes, detalla que en 121 penales estatales ubicados en 23 Estados, del total de 233 centros que visitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se detectó sobrepoblación, de los cuales, 114 llegaban al grado del hacinamiento.
En particular destaca la situación del Estado de México, donde entre todas sus prisiones tiene una capacidad instalada para albergar a 14 mil 327 internos, pero al mes de diciembre pasado tenía 33 mil 918 reos.
En tanto, 12 de los 14 Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) del País, padecen insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como deficiencia en la atención a personas adultas mayores, que son los problemas con mayor incidencia a nivel federal.
Los Ceferesos con peor calificación fueron los de Durango y Sonora, con calificaciones de 6.75 y 6.72, respectivamente, en una escala del 0 al 10, donde una evaluación más alta se refiere a mejores condiciones penitenciarias.
En tanto, el Cefereso 16 femenil, en Morelos, y el 8, de Sinaloa, fueron los mejor evaluados, con 8.52 y 8.1.
Ninguno de los Centros federales tuvo sobrepoblación.
De acuerdo con el organismo, al 31 de diciembre de 2021 había en todo el País 222 mil 369 personas privadas de la libertad.
A nivel estatal, la CNDH detectó autogobierno en 44 prisiones, en entidades como la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Quintana Roo, entre otros.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria registró también en todo el 2021 un total de 39 homicidios, 94 suicidios, 304 riñas y 7 motines en las prisiones estatales del País.
Aunque la pandemia por Covid-19 aún no termina, en esta evaluación penitenciaria la CNDH, que dirige Rosario Piedra, no incluyó ningún tipo de análisis al respecto.
“Preocupa a este Organismo que diversas autoridades penitenciarias en nuestro país no asuman sus obligaciones en el marco del respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino que dichas personas sean vistas como un número más”, señala el informe.
“Visión que, además, es sostenida por un sistema de justicia penal, que aún sigue arrastrando una visión punitivista y un exceso de la prisión preventiva oficiosa, pese a que ha quedado demostrado que esto, lejos de lograr una disminución en los altos índices de violencia y comisión de los delitos, sólo genera la sobrepoblación de las cárceles”.
