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CIUDAD DE MÉXICO.- Relatores de la ONU advirtieron ayer sobre la amenaza que representa el Tren Maya para los derechos culturales, a un medio ambiente sano y de acceso a la tierra, especialmente por la participación del Ejército.
Nueve relatores y un grupo de trabajo aseguraron que con la denominación “de seguridad nacional” que le dio el Presidente Andrés Manuel López Obrador, puso en riesgo la aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales.
“Esta decisión no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que además socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados”, dijo Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Además, aseguró, la creciente participación del Ejército en la construcción y gestión del proyecto también “suscita gran preocupación”.
Sin embargo, advirtieron que la clasificación otorgada al Tren Maya -que se edifica en cinco estados de la Península de Yucatán- no permite que México eluda sus obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos de las personas afectadas y de protección al medio ambiente.
Los relatores también plantearon que los defensores de los derechos humanos que han señalado los impactos negativos del proyecto, enfrentan amenazas y ataques, y su acceso a un tribunal independiente e imparcial es limitado.
“Como proyecto dirigido por el Estado, el Gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”, destacaron en un comunicado conjunto.
Los expertos de la ONU lanzaron un llamado a que se respete el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, y a evaluar de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, según lo establecen las normas internacionales de derechos humanos y medio ambiente.
También solicitaron a las empresas e inversionistas privados que participan en el proyecto a garantizar el ejercicio de las garantías fundamentales de los habitantes de los cinco estados implicados.
“Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacerse de la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Maya”, indicaron.
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