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CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia del Instituto Nacional Electoral (INE) contra las dos reformas legales del llamado “Plan B” de Morena que ya fueron publicadas.
Además, el ministro también admitió la primera de alrededor de 60 controversias promovidas por municipios de oposición contra dichas reformas, en este caso la presentada por el Ayuntamiento de Chihuahua, aunque negó conceder una suspensión.
La semana pasada, Pérez Dayán ya había admitido seis acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos y legisladores de oposición, y concedió una suspensión, pero no con efectos generales, sino sólo para que las reformas no se aplicaran en los procesos electorales de 2023 en Coahuila y el Estado de México.
Las reformas en cuestión afectaron las leyes generales de Comunicación Social (LGCS) y de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en temas como derecho de los funcionarios a expresar opiniones políticas sin ser sancionados y gasto en propaganda.
“El promovente de la controversia sostiene que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGCS y de la LGRA, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal”, explica el acuerdo de admisión de la controversia del INE.
“Además, que producen una violación directa a las funciones que, como órgano autónomo, le confiere el texto Constitucional, esto es, que el decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, agrega.
El INE no pidió la suspensión que, en teoría, no puede concederse ni en acciones ni en controversias, cuando lo impugnado es una norma general.
En cuanto a la controversia de Chihuahua, fue admitida porque el municipio impugna el nuevo tope de 0.1 por ciento del presupuesto anual para gastos de comunicación social, aplicable a todos los niveles de gobierno.
“Las adiciones de los párrafos tercero y cuarto al artículo 26 de la LGCS, le generan una afectación directa en su autonomía presupuestaria, en tanto que los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales se extralimitan o desbordan las facultades que tienen encomendadas constitucionalmente”, alegan los municipios.
La Corte no tiene plazo para dictar sentencia de fondo en estos juicios, pero por tratarse de materia electoral, les dará trato prioritario.
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