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CIUDAD DE MÉXICO.- Un día después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera que se dieran a conocer partes ocultas del Informe sobre los hechos de Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación condenó la difusión en REFORMA de datos censurados en ese Informe.
La periodista Peniley Ramírez documentó los mensajes de los presuntos perpetradores de la tortura, desaparición y asesinato de 43 estudiantes normalistas guerrerenses. “Los mensajes muestran el oprobio de aquella noche, las semanas y meses siguientes”, advirtió la periodista.
El Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, urgió a la FGR investigar la filtración de los documentos.
“Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la FGR por la Comisión de Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, dijo el funcionario.
“En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Solicito a la FGR que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración”, indicó.
Apenas el viernes 23, AMLO dijo en su conferencia que no debería ocultarse nada sobre el caso Ayotzinapa. “Si no damos a conocer todo y empezamos a tachar, lo que hacemos es crear incertidumbre y dar motivo para la especulación, las conjeturas, para la mala fe de los adversarios nuestros. ¡Qué tenemos nosotros que estar ocultando los nombres si no queremos que haya impunidad!”, expresó.
Según el informe sin testar, después del asesinato de los 43 normalistas, criminales, junto con miembros de los Gobiernos local, estatal, federal y del Ejército, montaron una operación para desenterrar los cuerpos de fosas cerca de Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería.
Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, sostuvo que los padres sólo han tenido acceso al expediente con partes medulares tachadas.
En el informe, cuya copia obtuvo Grupo REFORMA, se señala que este operativo, en el que participaron miembros de los tres niveles de Gobierno, buscaba proteger a los funcionarios y sus aliados en el crimen.
Además sostiene que la mayoría de los jóvenes fueron asesinados en la madrugada del 27 de septiembre, descuartizados, algunos disueltos en ácido y otros enterrados entre Iguala y Huitzuco. Los últimos seis estudiantes, agrega el documento, estuvieron cautivos en una bodega varios días hasta que miembros del Ejército “se ocuparon de ellos”.
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