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CIUDAD DE MÉXICO.- El PRD demandó ayer al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar de dónde salen los recursos para producir la caricatura “Las corcholatas 2024”, producida por Mexicartoons y difundida en redes sociales.
En su queja, el representante perredista, Ángel Ávila, advierte que hay elementos para deducir que es pagada por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
“Los perfiles denunciados son pagados presuntamente por algún servidor público que interviene en los videos. Se hace hincapié en que en los mismos, el denominado Andan Agusto López, que corresponde al Secretario de Gobernación, es quien tiene una mayor exposición y quien a todas luces pretende tener un mayor posicionamiento hacia la ciudadanía.
“Existe la duda fundada de que (se dio) la contratación de los servicios de producción y difusión de los videos que son creados. Existe la posibilidad de que el pago en las redes sociales sea con dinero público”, resume en su queja.
El PRD exige a la Comisión de Quejas del INE frenar dicha promoción pues, argumenta, los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena busca cualquier mecanismo para mantener una campaña sistemática para promocionarse.
Sin embargo, aunque se presentó contra Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, pues los tres aparecen en los videos, la denuncia se centra en el titular de Gobernación.
“Se identifica claramente que en los videos se hace mayor exaltación a cualidades benévolas a quien se identifica como Andan Agusto López, quien es el servidor público que lleva la delantera en las competencias que se desarrollan”, argumenta.
Se asegura que no sólo se transgrede el artículo 134 constitucional sobre promoción personalizada, también se realizan actos anticipados de precampaña y campaña.
Además, recuerda el partido, la violación a la legislación no sólo da se da si el funcionario realiza los actos denunciados, sino que terceros “orquesten el apoyo en la promoción”.
Pide a la autoridad que no se considere como libertad de expresión, pues recuerda que ésta se ciñe a ciudadanos, no a servidores públicos.
“Los hechos atribuidos a los denunciados constituyen actos anticipados de precampaña y/o campaña al colmarse todos y cada uno de los requisitos”, agrega.
Mientras se investiga de dónde provienen los recursos, demanda el PRD, se debe frenar la difusión del programa, pues afecta la equidad en el proceso y vulnera la libertad de sufragio.
“Solicito se estudie de fondo y se interpreten de una forma sistemática y funcional las pruebas ofrecidas”, añade.
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