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CIUDAD DE MÉXICO.- Una red de corrupción que alcanza a militares y altos funcionarios de Aduanas, principalmente de Tijuana, fue denunciada por empresarios de Baja California.
En un correo enviado el pasado 16 de junio a la Sedena y al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, señalan a funcionarios que piden cuotas en distintas garitas de la entidad, de acuerdo con documentos sustraídos por el grupo de hackers Guacamaya.
El Ejército vigila aduanas terrestres desde marzo de 2021.
La denuncia refiere que Álvaro Fernández Echeverría, ex subadministrador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la Aduana en Otay, en Tijuana, y quien dejó el cargo en marzo, controlaba un esquema de “cuotas” en las garitas con el apoyo de militares y funcionarios aduanales.
Si el usuario no paga, los funcionarios manipulan el sistema de revisión para que le toque semáforo rojo.
Los empresarios señalan también a César Alejandro Reyna Carrillo, actual director de Área de la Administración General de Aduanas y Tecnologías de la Información, quien ingresó a ese organismo el 16 de enero de 2019, y a Juan Carlos Madero Larios, director adjunto de Aduanas, quien asumió el 16 de julio de 2020.
De acuerdo con los denunciantes, los funcionarios exigen el pago de una cuota a los usuarios y, en caso de no acceder, les siembran cartuchos útiles o balas, así como mercancías altamente reguladas en sus importaciones o exportaciones.
“Expongo a una red de extorsionadores que operan dentro y fuera de las Aduanas para efectos de que sus usuarios, así como importadores, exportadores, agentes aduanales, transportistas, etcétera, paguen cuotas por cada pedimento de importación o exportación de cualquier tipo de mercancía”, se señala.
“Funcionarios de las Aduanas de Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Reynosa, Matamoros y Manzanillo, al enviar las operaciones a análisis a nivel central, abusando del poder como funcionarios y en colusión con operadores externos de las Aduanas, cobran desde 500 dólares americanos y hasta 10 mil dólares americanos por cada operación.
“De lo contrario, no modulan los pedimentos de importación o exportación, o manipulan a nivel central el sistema aduanero para que les toque revisión o reconocimiento físico documental a las operaciones de los importadores o exportadores o agentes aduanales que se nieguen a pagar las cuotas especiales que esos funcionarios implementan”, se indicó.
En este sentido, por delitos de corrupción, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, concusión, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito, extorsión, contrabando y delincuencia organizada, fue señalada también Ana Karen Leos Padilla, quien fue jefa de Departamento de Puntos Tácticos adscrita a la Dirección General de Operación Aduanera en la Garita de Otay, en Tijuana, hasta e 30 junio pasado, de acuerdo al sistema Declaranet.
En la acusación también figura Álvaro Alejandro Hernández Sierra, a quien identifican como director general de Investigación Aduanera, y quien está en el cargo desde el 16 de octubre de 2020 en Sonora.
Además, a Mayté Ponce Cruz, quien estaba como como jefa de Departamento en la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, con sede en Puente Internacional Córdova, y quien dejó ese puesto el 16 de agosto pasado.
Figura también Lourdes Elizabeth Cortés Velázquez, jefa de Aduanas en Ciudad Juárez en Trámites y Asuntos legales, aún vigente en ese cargo desde el 22 de marzo de 2021.
Otros señalados son Ana Laura Tinoco Chávez, encargada la verificación de la Aduana de Ciudad Juárez, quien asumió el cargo desde el 16 de abril de 2016, y Carmen Yadira Borges Fierro, responsable de módulos de la Aduana de Ciudad de Juárez.
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