El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México determinó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (Ssa) no ejercieron sus facultades para un regreso seguro a clases ante el Covid-19.
El juzgador ordenó así realizar protocolos preventivos que garanticen escuelas seguras frente a contagios no sólo de Covid-19, sino contra otras contingencias sanitarias.
En un contexto en el que en México están incrementando los casos por el nuevo coronavirus, la organización Mexicanos Primero informó que a través de su brazo jurídico Aprender Primero obtuvo un amparo con el que se ordena a estas dependencias implementar medidas que garanticen que todas las escuelas del país sean seguras frente a esta epidemia y otras emergencias en el tema de salud.
“Lo anterior, porque dichas autoridades no ejercieron sus facultades para que el regreso a clases presenciales iniciado el año pasado fuera lo más seguro posible, violando así los derechos a la educación y a la salud de las niñas, niños y adolescentes (NNA) que asisten a la escuela”, señaló la organización.
Mexicanos Primero indicó que actualmente, en algunas entidades como Sinaloa, se ha registrado el cierre de escuelas por los contagios, en un momento en que el grupo de menores de edad no está en su totalidad vacunado.
“Lo que está sucediendo en distintas entidades del país no es cosa menor: los contagios en escuelas están poniendo en riesgo nuevamente la continuidad de la presencia de NNA en las aulas. Esto, por supuesto, vulnera el ejercicio de su derecho a aprender, el cual ya ha sido violentado durante casi dos años de encierro”, manifestaron.
“Sin la orientación de un protocolo sanitario verdadero y definido, las autoridades educativas locales no tienen una referencia que les permita saber qué hacer. Varios expertos en la materia han comenzado a advertir del posible surgimiento de una nueva ola de contagios, lo cual, aunado a que la gran mayoría de NNA no han recibido su esquema de vacunación en contra del Covid-19, debería poner a las autoridades en alerta máxima en el cierre del ciclo escolar 2021-2022 y el comienzo del próximo 2022-2023”, se advirtió.
Entre lo ordenado por el Juez, está la emisión de un protocolo sanitario que distinga claramente entre recomendaciones y lo que es de aplicación obligatoria para las escuelas del País, al advertir que a la fecha no se tiene.
Éste, deberá ser elaborado por expertos de la SEP y Salud, además de recoger las opiniones y experiencias de las autoridades educativas locales y demás integrantes del Sistema Educativo Nacional. Adicionalmente, deberán establecer controles que permitan dar seguimiento a todos los puntos ordenados por la sentencia, de manera transparente, clara e inclusiva.
También que se disponga de todos los insumos necesarios para la prevención de contagios, sin costo alguno para las comunidades escolares, y con un reparto equitativo y sin discriminación.
“Ello, establece el juzgador, dado que no asumieron su responsabilidad como autoridades máximas en materia educativa y salubridad, respectivamente, no establecieron medidas de prevención obligatorias en las aulas y, en muchos casos, delegaron en las mismas comunidades escolares la procuración de cubrebocas, sanitizantes, termómetros y demás insumos, situaciones que esta sentencia manda corregir”, apuntó la ONG.
“Desde Mexicanos Primero advertimos sobre la falta de preparación para un regreso presencial a clases en agosto de 2021 que fuese seguro y sustentable. Aun así, la SEP y Salud procedieron con un regreso presencial a las escuelas avalado por meas recomendaciones y sin responsabilizarse de pagar los materiales necesarios (como agua, jabón, cubrebocas y sanitizantes) para la prevención de contagios y asegurarse que se contara con ellos en cada escuela, y todo el ciclo, no sólo a la reapertura”.
“Fue entonces que activamos al Poder Judicial de la Federación y obtuvimos una suspensión, que ordenaba a dichas autoridades garantizar los insumos necesarios y la emisión de protocolos obligatorios, lo cual ahora se refuerza y confirma con mayor contundencia mediante esta sentencia de amparo”, se agregó.
