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BRASILIA, BRASIL.- Las autoridades brasileñas prometieron proteger la democracia y se apuraron para imponer castigos después de que miles de partidarios del ex Presidente Jair Bolsonaro asaltaron el domingo el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio Presidencial, donde causaron destrozos.
Hasta ayer, unas mil 500 personas habían sido detenidas por el ataque a las sedes de los tres poderes, informó el Ministro de Justicia y Seguridad Flavio Dino, quien precisó que la mayoría de ellos estaba en un campamento en Brasilia desde donde salió buena parte de los alborotadores en la movilización del fin de semana.
Fuentes de la Policía federal precisaron que alrededor de mil bolsonaristas arrestados serán procesados por sospecha de delitos cometidos en actos de vandalismo, y serán llevados al Complejo Penitenciario de Papuda, en el Distrito Federal.
Debido a la gran cantidad de detenidos, el Ministerio Público del Distrito Federal solicitó apoyo a Fiscales de otras entidades para las audiencias de custodia “vinculadas a actos antidemocráticos”.
La previsión es que las audiencias, que se realizarán virtualmente, comiencen hoy, según medios locales.
El Ministro de Justicia Dino también dijo que ya tiene una lista de todas las personas que financiaron los vehículos que llevaron a gente de otras ciudades a Brasilia para el asalto. Según apuntó, los implicados se encuentran en al menos 10 estados del país sudamericano.
“Lo que se puede afirmar plenamente es que hubo financiación. Tenemos una lista de todos los contratistas de autobuses. Y se va a llamar a esta gente porque alquilaron los vehículos y no eran para excursiones turísticas”, manifestó.
Dino afirmó que es “inequívoco” que entre los financiadores de los “actos terroristas” hay empresarios agroindustriales, pero aseveró que no se puede generalizar.
Como parte de los operativos para restaurar el control, la Policía y el Ejército desmantelaron el campamento de Brasilia donde se concentraban los asaltantes.
Cientos de policías y militares fueron desplegados en otros puntos, como Río, Sao Paulo, Manaus, Salvador, Belo Horizonte y Porto Alegre, para eliminar estructuras similares, desde donde hace dos meses se exigía una intervención militar que pretendía impedir el regreso al poder del ahora Mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Según medios locales, los efectivos de las fuerzas de seguridad también liberaron los bloqueos en carreteras. Además, las refinerías, que estaban en la mira de los extremistas, operaron con normalidad luego del actual de las tropas.
De acuerdo con especialistas, los invasores pueden responder por cargos de terrorismo, con una pena esperada de hasta 30 años.
En conferencia de prensa, el Ministro de Defensa señaló que aparentemente los inconformes tenían el objetivo de que su protesta creara un efecto dominó en todo el país, y que podrían ser acusados de distintos delitos, incluidos delincuencia organizada, intento de golpe de Estado y abolición violenta del estado de derecho democrático.
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