San Salvador
Las autoridades salvadoreñas han detenido sin orden judicial a más de 36 mil supuestos pandilleros, incluidos menores de edad, en el marco del estado de excepción decretado por el Presidente Nayib Bukele a finales de marzo.
Además, al menos 23 personas han muerto en las cárceles del país, según un informe de Amnistía Internacional (AI) publicado este jueves y que denuncia una serie de graves violaciones a los derechos humanos cometidos bajo dicha medida.
“Hace 3 años, a una semana de la toma de posesión, nos reunimos con el Presidente Bukele ( y le pedimos) diseñar e implementar políticas y estrategias que dejaran atrás los enfoques represivos e incluyeran medidas centradas a atender las causas estructurales de la violencia”, sostuvo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe.
“Sin embargo, al inicio, hoy, del cuarto año de su Gobierno, podemos decir con contundencia que ha decidido apostar por estrategias y políticas ilegales y fallidas del pasado. El régimen de excepción decretado el 27 de marzo y extendido ya en dos ocasiones así como las reformas legislativas que le acompañan son la máxima expresión de este ataque a la legalidad y a los derechos humanos”.
Con estas detenciones masivas, El Salvador superó a Estados Unidos con la mayor tasa per cápita en el mundo de personas privadas de la libertad: mil 164 por cada 100 mil habitantes, lo que ha llevado a un hacinamiento en los penales que ha puesto en riesgo la vida y la integridad de los recluidos.
“Para finales de mayo, medios locales reportaban que, debido al incremento en las detenciones, el 1.7 por ciento de la población mayor de 18 años del país se encontraría detenida, lo que supondría un hacinamiento de más del 250 por ciento de la capacidad de los centros penales”, señala la organización en su informe.
El reporte también apunta que, entre el 27 de marzo y el 17 de mayo, al menos mil 190 menores de edad fueron detenidos y recluidos tras ser acusados de delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.
Amnistía Internacional documentó el caso de dos primos de 14 y 15 años detenidos el 26 de abril mientras jugaban afuera de su casa. Según el relato de los familiares citado por Guevara Rosas, los policías los acusaron por “tener cara de malandros” y se los llevaron detenidos mientras lloraban desconsolados. Desde entonces, sus madres no han sabido nada de ellos.
De acuerdo con las conclusiones preliminares de una investigación realizada en el país por la organización, que incluyó entrevistas con víctimas, familiares, autoridades y ex funcionarios, los reclusos no tienen contacto con el exterior, son expuestos a torturas y malos tratos al interior de los penales y son presentados en audiencias judiciales donde, en su mayoría, son acusados del delito de agrupaciones ilícitas, cuya pena versa entre 20 a 30 años de prisión.
Además, muchas veces los familiares no son informados ni de las razones del arresto ni del paradero de los detenidos.
“Una de las máximas expresiones del ensañamiento de las autoridades salvadoreñas se refleja en por lo menos 23 muertes bajo su custodia y la indiferencia con la que han tratado a las familias”, denunció la directora de AI.
Explicó que uno de esos casos es el de William Alexander Galeas Gonzáles, de 36 años, quien fue detenido en abril junto con su madre y su hermana tras una denuncia anónima por supuestos vínculos con pandillas. El 12 de mayo, dijo, una funeraria, y no una autoridad oficial, visitó a la familia para informarles de la muerte de William, con quien no se habían podido comunicar desde su detención, mientras que su madre y su hermana siguen en prisión.
Cuando asumió el poder, Bukele prometió mano dura contra las pandillas criminales. El Mandatario goza de un respaldo popular de un 85 por ciento, según encuestas locales.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos, incluidas AI y la salvadoreña Cristosal, han señalado que sus políticas, además de ser repetitivas, han resultado de los mismos tratos con las propias pandillas que otros Gobiernos han hecho en el pasado.
Precisamente un descontento entre el Ejecutivo y esos grupos fue lo que habría derivado en la ola de violencia a finales de marzo, según acusaron las organizaciones.
Amnistía Internacional dijo que la política implementada por el Gobierno podría dar lugar a “responsabilidad penal internacional”, por lo que exigió el fin inmediato al estado de excepción y las detenciones ilegales.
“Las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero ésta sólo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva”, enfatizó Guevara Rosas.
