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MADRID, ESPAÑA.- Los múltiples frentes judiciales que tiene abiertos el expresidente de Donald Trump no suponen una traba legal de cara a sus aspiraciones para volver a la Casa Blanca, ya que la Constitución estadounidense no contempla límites para candidatos en caso de que sean imputados o incluso se encuentren en prisión.
Trump recibió la semana pasada la que ya es su segunda batería de cargos, en esta ocasión federales, por almacenar en su mansión de Florida información clasificada. El magnate ya había sido imputado a finales de marzo por el soborno entregado a una exactriz en vísperas de las elecciones de 2016 a cambio de que guardase silencio sobre un supuesto ‘affaire’.
La Constitución no marca la ausencia de antecedentes penales entre los pocos criterios establecidos para ser presidente, ya que únicamente estipula que el candidato debe ser ciudadano por nacimiento, mayor de 35 años y haber vivido al menos 14 en Estados Unidos. La Vigésimo Segunda Enmienda sí señala que no puede ser presidente quien haya cubierto ya dos mandatos.
Y hay poco margen para añadir nuevos requisitos, como señalan expertos constitucionales a la cadena ABC News, al recordar que ya hay sentencias del Tribunal Supremo que estipulan que el Congreso no puede añadir nuevos requisitos para ocupar el mayor cargo político del país norteamericano.
Técnicamente, Trump podría ser candidato incluso desde la cárcel, una circunstancia que no será inédita. Durante las elecciones presidenciales de 1920, Eugene Debs, candidato por el Partido Socialista, estaba encarcelado por haberse opuesto a la Primera Guerra Mundial y obtuvo el 3 por ciento de los votos.
Así, una hipotética condena o la adopción de medidas cautelares contra Trump, favorito por ahora en las primarias del Partido Republicano, sólo limitarían su capacidad de hacer campaña o incluso de votarse a sí mismo, ya que el derecho al voto está restringido para personas condenadas por delitos graves o cumpliendo condenas –varían en función del estado–.
El magnate ya ha dejado claro que no tiene previsto retirarse de la carrera aún en ciernes ante lo que sigue considerando como una “caza de brujas” por parte de sus rivales políticos, pese a que los delitos que se le imputan por los documentos almacenados pueden suponer una condena de hasta 20 años de cárcel.
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