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LIMA, PERÚ.- El Gobierno de Perú estableció ayer un toque de queda en la región andina de Puno, en el sur, para tratar de frenar las protestas contra la Presidenta Dina Boluarte, que dejan 40 muertos en un mes.
“Se ha aprobado un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20:00 hasta las 4:00 horas”, anunció el Primer Ministro, Alberto Otárola.
El epicentro de las protestas es la región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde hubo saqueos a locales comerciales y enfrentamientos entre la noche del lunes y la madrugada de ayer, con un saldo de 18 muertos.
Los decesos han exacerbado la indignación en las ciudades de Puno y Juliaca -a unos mil 300 kilómetros de Lima-, cuyos habitantes realizan una huelga desde hace una semana y mantienen el comercio cerrado.
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías reportó bloqueos y tránsito interrumpido en seis regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas.
En Cusco y en Ayacucho hubo marchas para pedir la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y convocatoria a una Asamblea Constituyente.
La violenta represión de las fuerzas del orden provocó el lunes 14 muertos entre los manifestantes que trataron de ocupar el aeropuerto de Juliaca y tres fallecidos durante un saqueo en un centro comercial, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Además, un policía pereció quemado al interior de su patrulla, informó la institución.
La Defensoría del Pueblo solicitó investigar y sancionar a los responsables de las muertes en Juliaca.
“Recordamos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú tienen la obligación de actuar conforme a las normas vigentes y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”, enfatizó el ente en un comunicado.
La Iglesia católica, religión mayoritaria en Perú, calificó como “situación de guerra” el clima de violencia en el sur peruano.
“No podemos regresar a las épocas oscuras del terror”, dijo el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana.
La ONU, por su parte, lamentó las muertes en las protestas y exhortó a las autoridades y fuerzas de seguridad del país andino a respetar los derechos humanos ante las manifestaciones.
En este contexto, Perú recibirá hoy a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigará sobre las movilizaciones y la respuesta policial.
En esa línea, la Fiscalía peruana informó que indagará a Boluarte por presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las protestas. También están implicados el Premier Otárola, el Ministro del Interior Víctor Rojas, y el Ministro de Defensa Jorge Chávez.
Las movilizaciones iniciaron hace un mes tras la destitución y posterior encarcelamiento del ex Presidente peruano Pedro Castillo, tras su intento de golpe de Estado.
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