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MADRID, ESPAÑA.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este martes una nueva orden ejecutiva sobre el control de armas, con la que se pretende endurecer los requisitos de compra y venta, reforzar la colaboración entre diferentes departamentos y mayor seguimiento y sanciones para los infractores.
Esta nueva orden aumentará el número de trámites para comprobar los antecedentes penales de quienes pretenden comprar un arma, así como de aquellos que se dedican a su comercio, informando de quienes hayan infringido la ley. Asimismo propone más y mejores controles para almacenar de forma segura este tipo de arsenal.
Asimismo ordena a las agencias federales a promover y poner en marcha las leyes conocidas como de “bandera roja”, presentes ya en 19 estados, con las que se podría retirar el arma a una persona considerada peligrosa, así como a trabajar para reducir el número de armas que se pierden y acaban en el comercio ilegal.
“Cada pocos días en Estados Unidos, lamentamos un nuevo tiroteo (…) No podemos aceptar estos hechos como una realidad perdurable en la vida de Estados Unidos. En cambio, debemos insistir en que ya hemos tenido suficiente y que ya no permitiremos que los intereses de los fabricantes de armas prevalezcan sobre la seguridad de nuestros niños y de la nación”, ha remarcado Biden en un comunicado.
Biden también solicitará a su gabinete para que desarrolle de manera conjunta un plan para apoyar a las comunidades que se han visto afectadas por la violencia armada, que en lo que va de 2023 ya ha registrado 110 episodios. Se trata de la primera vez en una década en la que este tipo de tiroteos superan las tres cifras cuando apenas se cumple los tres primeros meses del año.
Con anterioridad, la Administración Biden ya puso en marcha otras medidas para controlar el acceso a las armas y minimizar los riesgos en las comunidades, creando nuevos delitos federales en relación al tráfico y posesión de este tipo armamento. Si bien las medidas más radicales, como la prohibición de las armas de asalto y de los cargadores de alta capacidad, los requisitos de verificación de antecedentes para todas las ventas, necesitan el aval del Congreso.
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