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MADRID, ESPAÑA.- La Cámara baja de España aprobó ayer un proyecto de ley que permitirá a las personas mayores de 16 años cambiar libremente de género registrado sin supervisión médica.
Tras meses de tensiones dentro del Gobierno progresista y en el movimiento feminista, la iniciativa insignia del partido de izquierda radical Podemos recibió 188 votos a favor y 150 en contra, además de 7 abstenciones, e iniciará ahora su trámite en el Senado.
Hasta ahora, las personas transgénero españolas necesitan un diagnóstico por parte de varios médicos de disforia de género, que es la condición psicológica de no sentir coincidencia entre el sexo biológico y la identidad de género.
En algunos casos, también necesitaban pruebas de que habían vivido durante dos años con el género con el que se identificaron, o incluso registros que demostraran que habían tomado hormonas.
Si el proyecto es aprobado definitivamente en la Cámara alta en las próximas semanas (como es muy probable), España se convertirá en uno de los pocos países del mundo que autoriza la autodeterminación de género presentando apenas una solicitud personal.
La iniciativa, bautizada como “Ley Trans”, debe permitir también que los jóvenes de entre 14 y 16 años puedan cambiar la mención de su sexo en el Registro Civil, siempre que estén asistidos en el proceso por sus tutores legales.
Para los de 12 a 14 años, es necesario que cuenten con aval judicial. Actualmente, todos los menores deben obtener esta autorización de un juez.
“Siempre ha sido un problema cuando tu identificación no coincide con tu identidad en una entrevista de trabajo, en el consultorio del médico o al abordar el transporte público”, dijo Saida García, vicepresidenta del grupo Euforia Trans Family Alliance.
“Estamos muy contentos de llegar a este punto. Parecía que nunca iba a llegar”.
Entre otras disposiciones, el proyecto de ley aprobado por los diputados prohíbe también las terapias de conversión que tienen como objetivo cambiar la orientación sexual de las personas LGBTQ+, con multas que pueden alcanzar los 150 mil euros.
Aprobado en el Consejo de Ministros hace más de un año, este proyecto de ley ha provocado fuertes tensiones entre Podemos, que convirtió esta iniciativa en un pilar central de su acción gubernamental, y los socialistas del Presidente Pedro Sánchez, que trataron en vano de modificar el texto.
“Esta ley repara una deuda histórica del Estado con las personas trans y por fin despatologiza las vidas trans, además de garantizar sus derechos”, defendió el miércoles ante los diputados la Ministra de Igualdad, Irene Montero, principal impulsora del texto.
La iniciativa también generó profundas divisiones en el feminismo, entre quienes comparten la visión de Montero y militantes históricas, en guerra abierta contra el proyecto.
“Cuando se reivindica el género por encima del sexo biológico me parece un retroceso para las mujeres”, valoró la socialista Carmen Calvo, en una entrevista con el diario El Mundo en septiembre.
“El Estado tiene que dar una respuesta a las personas trans, pero el sexo no es ni voluntario ni opcional”.
Estas feministas radicales temen que personas del sexo masculino que se autoidentifiquen como mujeres puedan participar en competiciones deportivas femeninas o cumplir condenas en prisiones de mujeres.
Haciéndose eco de estos temores, los socialistas presentaron una enmienda para extender la necesidad de contar con autorización judicial también para los jóvenes entre 14 y 16 años, pero acabó siendo rechazada.
Aceptando su derrota, la formación de Sánchez votó el jueves a favor del texto como estaba, menos Calvo, que rompió la disciplina de voto del partido para abstenerse, según reportaron los medios.
“Les mujeres trans son mujeres”, dijo Montero, denunciando la transfobia.
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