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LIMA, PERÚ.- El Congreso del Perú aprobó ayer adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024, en un intento por frenar la crisis generada tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución del Presidente Pedro Castillo.
En la sesión plenaria, la propuesta alcanzó 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención. La reforma requería del apoyo de 87 legisladores, y contempla también que la actual Mandataria, Dina Boluarte, entregue el cargo en julio de 2024.
El presidente del Congreso, José Williams, explicó al final de la sesión que, para la entrada en vigencia, esta reforma deberá ser ratificada en una nueva votación en la siguiente legislatura, lo que ocurriría en los próximos meses.
La iniciativa aprobada ayer difiere a la que fue presentada por Boluarte pero rechazada por los legisladores el pasado viernes, que contemplaba el adelanto de las elecciones para diciembre de 2023.
“Es una provocación que se haya extendido hasta el 2024. La gente quiere que nos vayamos ya”, criticó en Twitter poco después de la votación el congresista Alex Flores, de Perú Libre, partido del que Castillo se separó en julio.
Esa bancada y otras de izquierda habían pedido incluir en la votación la convocatoria de un referendo para una Asamblea Constituyente que elaborara una nueva Constitución, pero el pedido no prosperó.
Boluarte, cuya renuncia también reclaman los manifestantes, asegura estar dispuesta a irse en los nuevos plazos.
Según las encuestas, 83 por ciento de la ciudadanía está a favor del adelanto de los comicios para resolver el estallido social y político.
Sin embargo, analistas matizaron el efecto del adelanto de las elecciones.
“A estas alturas, si bien es importante… ya no será suficiente”, dijo la politóloga Verónica Ayala, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El politólogo Paolo Sosa, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, consideró que la población percibe que “los congresistas están buscando hacer tiempo” para quedarse o hacer reformas que les permitan reelegirse.
“La insatisfacción de quienes protestan con la política hace que su demanda sea maximalista: que se vayan todos lo antes posible”, enfatizó el especialista.
El país está sumido en una ola de protestas desde el 7 de diciembre, cuando Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto, pero los militares no lo respaldaron y el Presidente fue detenido. Entonces estallaron una serie de movilizaciones que piden el llamado a elecciones, el cierre del Parlamento, la liberación de Castillo y la renuncia de Boluarte.
Ayer, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), liderada por su secretaria Tania Reneaum, llegó a Lima para reunirse con autoridades “para recibir información sobre la crisis institucional y las protestas”, en las cuales ya han muerto más de 20 personas.
Familia de Castillo está en la Embajada de México
