La petición, firmada por los gobernadores de Wyoming, Alaska, Iowa, Mississippi y Nebraska, señala que si bien el Pentágono puede establecer “estándares” para la Guardia Nacional cuando se activan los protocolos a nivel federal, hacerlo a nivel estatal sería ir “más allá de su autoridad constitucional”.
Un día antes fue el gobernador de Texas, el también republicano Greg Abbott, quien envió su propia carta al secretario Austin haciéndole saber que había ordenado al jefe de la Guardia Nacional de Texas, el general Tracy Norris, que no hiciera cumplir esta normativa.
“Bajo esta orden, el general Norris no castigará a ningún miembro de la Guardia Nacional en Texas por elegir no recibir la vacuna”, avisó Abbott. “Si los no vacunados sufren alguna consecuencia negativa en el estado de Texas, solo tendrán que culpar al presidente, Joe Biden, y a su Administración”, señaló.
No han sido los únicos, pues ya a principios de noviembre el también republicano gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, solicitó al Pentágono que la normativa no tuviera vigor en este estado, antes de relevar al jefe de la Guardia Nacional por otro más dispuesto a no hacer cumplir las normas, recuerda la cadena NBC
El Departamento de Defensa de Estados Unidos impuso la vacuna obligatoria para todos los efectivos militares de los distintos cuerpos del Ejército el pasado 24 de agosto, dando a cada uno de sus responsables la autoridad para redactar sus propias guías de planes de actuación y guías de implementación y cronogramas.
Hace ahora un par de semana, Austin recordó a través de un memorando las consecuencia que tendrían aquellos que se negaran a cumplir esta normativa, como la pérdida de su salario. Más de 400.000 personas sirven en la Guardia Nacional, cuyo sueldo es a través de los fondos federales.