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Fue en el mes de junio de este año cuando las autoridades capitalinas iniciaron una investigación por el delito de asociación delictuosa, en contra de un grupo de personas dedicadas al robo de transporte de carga y su mercancía, desprendiéndose de la información recabada que, en el mes de septiembre, las personas investigadas robaron cinco tracto-camiones en el Estado de México, que contenían varias toneladas de hilo, sumando un valor aproximado de treinta millones de pesos, y de acuerdo a la información obtenida, dicha mercancía se encontraba resguardado en una bodega ubicada en la colonia Moctezuma del municipio de Jiutepec.
Al advertir actividad delictiva en las tres entidades, la Fiscalía capitalina solicitó la colaboración de la FIDAI Morelos, y a su homóloga mexiquense para realizar un operativo simultáneo en el que se desahogaron diversos cateos con el propósito de recuperar los vehículos y mercancía robada, así como la aprehensión de los probables responsables.
Al articularse la operación de las autoridades, en la que FIDAI ejecutó una orden de cateo en un conjunto de bodegas ubicadas en la avenida Insurgentes de la colonia Moctezuma en Jiutepec, donde se localizaron aproximadamente 80 toneladas de carretes de hilo robado, mientras que en la Ciudad de México y en el Estado de México se logró la aprehensión de los probables responsables y la recuperación de los tracto-camiones.
En el cateo realizado en el municipio de Jiutepec, participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (AIC-UECS), así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (PDI), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos.
La Fiscalía General del Estado de Morelos continúa con las acciones para combatir la impunidad, a través del trabajo coordinado con las instituciones de seguridad pública y autoridades coadyuvantes, para garantizar el acceso de las víctimas a la procuración de justicia.
