Un hito histórico bajo amenaza
El 6 de agosto de 1965, el presidente Lyndon B. Johnson rubricó la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), un instrumento jurídico diseñado para erradicar las barreras discriminatorias que impedían el acceso a las urnas, particularmente en comunidades afroamericanas del sur. Este marco legal, considerado la piedra angular de los derechos civiles modernos, estableció mecanismos como la preautorización federal para cambios electorales en jurisdicciones con historial de segregación.
El principio del desmantelamiento
En 2013, la Corte Suprema emitió un fallo trascendental en Shelby County v. Holder, invalidando la fórmula de cobertura que determinaba qué estados requerían supervisión. Investigaciones del Brennan Center for Justice revelan que, en los siguientes ocho años, 23 estados promulgaron 94 restricciones electorales, desde requisitos de identificación hasta reducción de centros de votación. Este patrón se intensificó tras las elecciones de 2020, cuando 19 estados republicanos aprobaron 34 leyes bajo el argumento de “seguridad electoral”, pese a la ausencia de evidencia de fraude generalizado.
Batallas judiciales definitorias
El 2023 trajo una paradoja: mientras el máximo tribunal preservó provisionalmente la Sección 2 de la ley en Allen v. Milligan, aceptó revisar Arkansas State Conference NAACP v. Arkansas, caso que podría eliminar la capacidad de ciudadanos para impugnar distritos gerrymandered racialmente. Datos del MIT Election Lab muestran que el 76% de las demandas por supresión de votantes entre 2017-2022 fueron presentadas por organizaciones civiles, no por el Departamento de Justicia.
El caso de las naciones originarias
En Dakota del Norte, el rediseño del distrito legislativo 9 permitió por primera vez que las tribus Turtle Mountain Chippewa y Spirit Lake eligieran representantes propios. Sin embargo, la Corte del 8° Circuito revocó este avance en noviembre de 2023, argumentando que solo el fiscal general federal puede litigar por derechos electorales. Este criterio, si es adoptado por la Corte Suprema, invalidaría el 85% de los casos actuales según el Leadership Conference on Civil and Human Rights.
“La paradoja es evidente: celebramos 60 años de progreso mientras luchamos para evitar un retroceso de 100”, advirtió Sherrilyn Ifill, exdirectora del Fondo de Defensa Legal NAACP, durante el simposio del Instituto Thurgood Marshall.
Perspectivas futuras
Analistas del Pew Research Center proyectan tres escenarios para 2024:
- Status quo (40% de probabilidad): La Corte mantiene la Sección 2 pero limita su aplicación
- Erosión parcial (35%): Se elimina la acción privada pero se preservan otras protecciones
- Derogación efectiva (25%): La ley queda reducida a texto sin mecanismos de ejecución
Mientras organizaciones como la ACLU preparan estrategias de litigio alternativo, el Departamento de Justicia ha quintuplicado su división de derechos electorales. Sin embargo, como señala la profesora Carol Anderson de Emory University, “sin herramientas legales contundentes, la carga recaerá sobre los votantes marginados para superar obstáculos diseñados para excluirlos”.
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