De la celda a la calle: Un giro judicial con sabor a déjà vu político
Imaginen la escena: después de más de cuatro años entre rejas, Jeanine Áñez, la expresidenta interina de Bolivia, salió de la prisión de mujeres de Miraflores como si fuera el final de una temporada especialmente dramática de una serie de Netflix, solo que la próxima temporada ya está en producción. El Tribunal Supremo de Justicia decidió anular su condena de una década, básicamente pulsando el botón de “rebobinar” en un caso que tenía más capítulos que Grey’s Anatomy. Su frase, “Es volver a la vida”, sonó a guión de telenovela, pero con la bandera boliviana como accesorio principal y un coro de “Sí se pudo” de fondo que bien pudo ser un trending topic en X (antes Twitter).
La condena original, por eso de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, venía de esa sesión de la Asamblea Nacional en 2019 que tuvo más controversia que un directo de Ibai Llanos. Fue cuando Evo Morales, después de un mandato que parecía eterno, hizo su exit stage left tras unas protestas letales y unas elecciones que la OEA señaló con el dedo acusador de fraude electoral. El tribunal, en un giro argumental, ahora dictaminó que su proceder estuvo “amparado por un estado de necesidad constitucional”. O sea, lo que para unos fue un golpe de estado, para la justicia fue un “hizo lo que pudo con el WiFi que había”.
Un nuevo juicio y un invitado de piedra en la investidura
Pero, oh sorpresa, la anulación no es un “se acabó el problema”. Es más bien un “reiniciar el nivel”. El máximo tribunal ha ordenado que la expolítica enfrente un juicio político por las muertes ocurridas durante su gestión, un proceso que necesita el visto bueno de dos tercios de la Asamblea Legislativa. Su defensa siempre argumentó que, por ser exmandataria, su lugar de juicio no era una corte ordinaria, sino el hemiciclo. Básicamente, un “ustedes no me pueden juzgar aquí, mi rango es otro”.
La timing de todo esto es más preciso que un reloj suizo. La determinación judicial llega justo tres días antes de la investidura del presidente electo, Rodrigo Paz, quien, en un movimiento de relaciones públicas, ya la invitó a la ceremonia. Su hija, Carolina Ribera, ya ha soltado que es probable que asista, lo que promete una foto más incómoda que un encuentro familiar en Navidad. Este evento marca el fin de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, un cambio de ciclo que tiene más giros que un thriller de Harlan Coben.
Mientras sus seguidores celebran, las familias de las víctimas de las protestas de 2019, donde fallecieron 37 personas, han rechazado el fallo con la contundencia de un unboxing de un producto decepcionante. David Inca, su representante, declaró que “en nuestro país no hay justicia”, anunciando que acudirán a organismos internacionales. Una jugada que nos recuerda que, mientras unos cierran ciclos, otros solo ven el comienzo de una nueva batalla legal en cortes foráneas.
Y por si el drama fuera poco, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, convocado por la CIDH, repartió responsabilidades de manera igualitaria, señalando a ambos gobiernos, el de Morales y el de Áñez, por la violencia que derivó en “masacres” y “graves violaciones de los derechos humanos”. Un recordatorio de que en esta polarización, a veces, el único consenso es que todos perdieron.
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