Condenas que enfrían las calles
Al menos 26 personas detenidas durante las recientes manifestaciones contra el gobierno iraní han sido sentenciadas a morir en la horca. La organización Iran Human Rights (IHR) da la voz de alarma sobre una represión que, según ONG, ya ha dejado más de 7.000 fallecidos y decenas de miles de arrestados.
Y la cifra podría ser mayor: varios cientos más podrían enfrentar la misma pena final.
Un juez con apodo siniestro
Los juicios se realizaron en la Sala 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán. Al frente estaba el juez Abdolqasem Salavati, conocido con un sobrenombre escalofriante: “el juez de la horca”.
Salavati está sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El proceso fue todo menos justo. Los acusados no pudieron revisar sus propios expedientes ni presentar una defensa completa. Para colmo, sus abogados debían salir de listas previamente aprobadas por el mismo poder judicial que los acusaba.
Entre los condenados hay nombres que duelen. Saleh Mohammadi, un atleta de solo 18 años. Amirhossein Hatami, quien podría ser aún menor de edad. IHR denuncia algo grave: las confesiones que difundieron los medios estatales fueron obtenidas bajo tortura.
Algunos ni siquiera fueron arrestados en las zonas de protesta, pero igual terminaron incluidos en estos casos fabricados.
Esto no es nuevo. Es un patrón. En 2022, tras las masivas manifestaciones por la muerte de Mahsa Amini, Majidreza Rahnavard fue ejecutado públicamente. La comunidad internacional denunció entonces la velocidad del proceso y la ausencia total de garantías.
Las ejecuciones públicas no son solo un castigo. Son un mensaje claro para quien ose salir a la calle: mira lo que te puede pasar.
Mientras, las cifras oficiales callan. Pero las organizaciones de derechos humanos insisten: esto es una estrategia calculada para sembrar el miedo y sofocar cualquier disidencia.
