Rescate de la memoria histórica
Guatemala enfrenta una carrera contra el reloj para proteger unos 60 mil expedientes de víctimas del conflicto armado interno (1960-1996). Los documentos, recopilados durante una década por el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), buscan resarcir a quienes sufrieron abusos. El gobierno del presidente Bernardo Arévalo tiene hasta enero de 2028 para lograrlo.
El PNR nació en 2003 tras los Acuerdos de Paz de 1996, pero durante los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024) el programa quedó inactivo y se ordenó su liquidación. Los testimonios quedaron abandonados.
Trabajadores de un proyecto financiado por la UNESCO intentan recuperar el archivo. Erick Briones, auxiliar del archivo, describió las condiciones: “Cajas húmedas, amontonadas, expedientes incompletos, rotos”. La meta es que este acervo sea declarado patrimonio documental del mundo.
Entre los casos está el de Manuel Botom Uz, quien a los 4 años fue desaparecido en 1982. Según el testimonio, él y sus cuatro hermanos fueron atacados en Quiché por miembros del ejército y patrulleros civiles. Sus hermanos fueron entregados a familiares, pero Manuel desapareció. Veinte años después, su cuerpo fue localizado e identificado en una fosa clandestina.
Elvin Díaz, comisionado presidencial de Derechos Humanos, señaló: “Hubo una intención de los gobiernos de Morales y Giammattei de borrar la memoria colectiva”. También explicó que el fin del PNR era la ayuda humanitaria, pero los expedientes contienen “información relevante para una investigación penal”.
Los archivos detallan homicidios, desapariciones forzadas, agresiones sexuales y reclutamiento forzoso. Según informes, el conflicto dejó unos 200 mil fallecidos y 45 mil desaparecidos.
El proyecto futuro planea digitalizar el archivo para acceso universal. Un informe de la ONU sobre desapariciones forzadas, emitido el mes pasado, indicó que durante los gobiernos de Morales y Giammattei operó “una política sistemática de desmantelamiento de las instituciones para la paz y la justicia”.
Los expedientes pasarán al Plan de Reparación y dignificación de víctimas anunciado por Arévalo. Este busca centralizar la información dispersa para continuar el resarcimiento e incluir los casos de desaparición en el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria.
