Por utilizar a sus cinco hijos menores de edad para pedir dinero a automovilistas y transeúntes, en el puente conocido como Capufe en Celaya, tres mujeres fueron sentenciadas a tres años de prisión, pero salieron bajo fianza al pagar con trabajo comunitario, informó María del Carmen Núñez Mares, directora del DIF Municipal.
La funcionaria del gobierno del ayuntamiento de Celaya dijo que los pequeños no les fueron regresados hasta que un juez de lo familiar dicte sentencia si se los devuelven o pierden la patria potestad.
La encargada del DIF de Celaya señaló que hay otros tres casos para poner la denuncia correspondiente una vez que se tenga todos los elementos.
Sobre el caso, el pasado 26 de enero la Fiscalía General del Estado, informó a través de un comunicado que, en atención a una denuncia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Celaya), inició una investigación que condujo a la detención de las mujeres.
Núñez Mares explicó que se sigue con los recorridos en la ciudad para detectar a niños mendigando, y que ya se trabajan tres casos en lo particular para interponer denuncia ante la Fiscalía, y mencionó que uno es de una familia originaria de Chiapas, que traen a 15 menores de edad pidiendo dinero en las calles y en situación inhumana, de los otros dos no abundó.
En el caso de familia chiapaneca van desde los 4 a los 17 años, dijo que ya mandaron oficios al gobierno de Chiapas, para informarles de la situación, pero no han recibido respuesta, aun así, no quitarán el dedo del renglón y denunciarán ante la Fiscalía.
La funcionaria municipal recalcó que en lo que respecta a los padres de Celaya, se trabaja con ellos dándoles trabajo en los talleres del DIF aunque muchos reinciden.
“En el caso de las tres mujeres, dos mamás y una era tía, la sentencia que les dieron fue de tres años de prisión, pero les dieron la oportunidad de salir bajo fianza y pagar con trabajo comunitario”, dijo la directora del DIF.
María del Carmen Núñez Mares, hizo un recordatorio a los padres de familia que la omisión de cuidados es un delito por parte de ellos, y las niñas y niños tiene derecho a una vivienda, vestido, calzado, educación y recreación y al no dárselos es una omisión de cuidados y deberán estar en su casa o en la escuela.
En próximos días el DIF promoverá la campaña para que la ciudadanía no les dé dinero a las niñas y niños; “los niños de la calle se van a acabar cuando dejemos de darles un peso, les hacemos más daño que bien, porque es en beneficio de sus padres”.
Las mujeres identificadas como María Josefina “N”, Emma Patricia “N” y Elsa “N”, han sido vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en estos hechos, bajo cargos de corrupción de menores en el supuesto de mendicidad, en calidad de inducir y mantener esta situación en agravio de sus menores hijos.
Las adultas encontraron en esta variante una manera de sobrevivir utilizando a sus niños pequeños para pedir caridad todos los días de la semana en una zona de alto riesgo, con alta circulación de vehículos, en donde los dejaban para que pidieran dinero a los ciudadanos.
Los infantes, exhibidos con carencias de atuendo, a veces sin zapatos y con una sucia apariencia, fueron utilizados como el “gancho” perfecto para despertar lástima entre automovilistas y transeúntes.
Tres de los niños, hijos de una mujer y dos de otra, llegaban a juntar hasta 200 pesos por día cada uno al “laborar” de lunes a domingo, en jornada extenuantes que iban de las 10:00 horas hasta las 22:00 horas.
Una vez que se presentó una denuncia, la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores (UECOT), determinó que se configura el delito de corrupción de menores en el supuesto de mendicidad, por lo que inició una carpeta de investigación para proteger a las víctimas y llevar ante un Juez a las personas que obligaron e indujeron a la práctica de la mendicidad a menores.
El agente especializado acreditó los hechos y la probabilidad de que las imputadas lo hayan cometido o participado en su comisión, por lo que, de conformidad con la Ley, solicitó al juez de control un citatorio de las personas al Juzgado.
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En audiencia, la autoridad ministerial presentó registro de todas las actuaciones realizadas durante la investigación de los delitos, toda la información recabada, íntegra y exacta, y se otorgó el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. El Juez de Control determinó la vinculación a proceso de las acusadas y medida cautelar de prisión preventiva.
La Fiscalía General del Estado aplicó medidas de protección para las víctimas, en coordinación con el DIF estatal, para su atención inmediata.
