el año pasado 23 millones 544 mil 493.80 pesos para las 498 que fueron detectadas y las que fueron ubicadas en el estado para robar
En un reporte, el señala que a nivel nacional, Pemex destinó en 2021 un total de 509 millones 540 mil 144.04 pesos, que fueron casi 20 millones más a lo destinado en 2020, de 489 millones 127 mil 502.16 pesos para reparar o inhabilitar tomas clandestinas.
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En el documento, elaborado con base en solicitudes de información a Pemex, indica que en Guanajuato , cifra menor a las 611 que hubo en el estado en 2020; es decir, que cada 17 horas con 35 minutos fue identificada una ordeña ilegal de los ductos de Pemex, lo que colocó a la entidad en el lugar número cuatro, debajo de Hidalgo, que tuvo cuatro mil 461; Estado de México, con mil 583, y Puebla, con mil 534.
Irapuato fue el municipio con más tomas clandestinas detectadas en 2021, según los datos de Pemex, con 124 ordeñas ilegales identificadas; Silao ocupó el segundo lugar, con 92; Valle de Santiago el tercero, con 69; seguido de Apaseo el Alto, con 50; Guanajuato capital, con 41; Salamanca, con 23, en tanto que Pénjamo se ubicó en séptimo puesto, con 19 y León en octavo, con 17 tomas ilegales de hidrocarburo.
También pues de acuerdo con los datos proporcionados por Pemex a Igavim, en el estado fueron detectadas , mientras que en 2020 sólo fue ubicada una ordeña ilegal de este tipo.
Pemex identificó nueve tomas clandestinas de gas LP en Apaseo el Alto y tres más en Apaseo el Grande, mientras que el año pasado sólo había sido detectada en Apaseo el Alto.
En 2021, a Pemex le costó 46 mil 165 pesos con 67 el reparar o inhabilitar una toma clandestina tanto de combustible como de gas LP detectada en el estado.
Ante esto, Igavim identificó que, si bien ha habido una disminución de las tomas clandestinas de hidrocarburo, se ha visto un incremento en lo que se refiere al robo de gas LP mediante ordeñas ilegales y “este delito incrementa el riesgo en las personas y se multiplica si no se previene desde los diferentes ordenamientos legales de planeación, el fortalecimiento del tejido social, la cultura de la legalidad y la eficiencia en la resolución de las denuncias”.
Además, el reporte concluye que “debe analizarse no sólo el volumen recuperado, sino en todas las alternativas que persisten para que este delito continúe, ya que genera riesgos en la sociedad, en la infraestructura y en el territorio, así como contaminación e incentivos en la económica ilícita”.
