El grito de la UNPF: “Esto no es un incidente aislado”
La escena es desgarradora y, lo peor, familiar. Un estudiante de 15 años entra armado a la preparatoria privada Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El resultado: las maestras María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, caídas. Sus aulas se convirtieron en el último escenario de una tragedia que se repite.
Ante esto, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) lanzó un comunicado urgente. No pide minutos de silencio. Exige acción contundente. Su mensaje es claro y corta como un cuchillo:
“Este hecho no es un incidente aislado, sino la manifestación más dolorosa de la falta de condiciones de seguridad en nuestros centros educativos y de la impunidad que permite que armas de alto poder lleguen a manos de menores”.
¿Qué piden exactamente?
La demanda va directo a tres frentes. Primero, a la SEP: refuerzo inmediato de programas de prevención, salud mental y detección de señales de alerta en adolescentes. Capacitación real y continua para maestros y directivos.
Segundo, al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la Secretaría de Seguridad Pública: un protocolo integral ya. Revisión de accesos, detección temprana y coordinación con fuerzas del orden para blindar todas las escuelas del estado.
Y tercero, a la Fiscalía General del Estado: una investigación exhaustiva y transparente. El foco está en el origen del arma –presuntamente un fusil AR-15– y en los adultos que pudieron facilitar su acceso al menor. También piden rastrear cualquier contenido dañino en redes sociales vinculado al caso.
El telón no puede caer sobre este acto con dos vidas perdidas. La UNPF lo dice sin tapujos: esto es síntoma de un sistema enfermo. La seguridad escolar dejó de ser un tema burocrático. Es una cuestión de vida o muerte, todos los días, en cada salón del país.
