Investigación profunda sobre contratos de seguridad en Guanajuato
La administración actual de Guanajuato, liderada por la gobernadora Libia García, ha iniciado una investigación exhaustiva sobre los convenios de seguridad firmados durante la gestión del exmandatario Diego Sinhue Rodríguez con la empresa Seguritech, cuyos montos ascendieron a 2,800 millones de pesos. El caso cobró relevancia tras revelarse que el exfuncionario habita una residencia de lujo en Houston, Texas, vinculada a un ejecutivo de dicha compañía.
Los hallazgos clave y su contexto
Según una investigación colaborativa entre el laboratorio periodístico POPLab y la plataforma CONNECTAS, la denominada “Casa Azul”, valuada en un millón de dólares (aproximadamente 20 millones de pesos), es propiedad de Daniel Ezquenazi Beraha, directivo de Seguritech. Esta empresa, fundada por el empresario Ariel Picker, estableció operaciones en Guanajuato en 2012, durante el gobierno de Miguel Márquez, actual senador panista.
La gobernadora García enfatizó que la investigación, a cargo de la Secretaría de Honestidad, busca garantizar transparencia: “No estoy aquí para defender personas, contratos o empresas. Cualquier inquietud legítima será analizada con rigor”. Además, prometió hacer públicos los resultados para esclarecer posibles conflictos de interés.
Por su parte, Diego Sinhue Rodríguez negó ser propietario de la vivienda en Texas, argumentando en una carta enviada al periódico REFORMA que la alquila para su familia, radicada en Estados Unidos por motivos educativos. Sin embargo, la proximidad entre la empresa contratista y su lugar de residencia ha generado cuestionamientos sobre la ética en la asignación de dichos contratos durante su mandato (2018-2024).
Implicaciones y análisis institucional
Este caso refleja un patrón recurrente en México: la opacidad en contratos públicos con empresas privadas. Seguritech, especializada en seguridad privada, multiplicó su presencia en Guanajuato durante administraciones panistas, lo que exige un escrutinio detallado sobre los procesos de licitación y los beneficiarios finales.
Expertos en anticorrupción señalan que investigaciones como esta son cruciales para disuadir prácticas irregulares. “La rendición de cuentas debe incluir no solo a funcionarios, sino también a los actores privados que podrían aprovechar relaciones privilegiadas”, advierte un informe de Transparencia Internacional.
El contexto político añade complejidad al caso: tanto Sinhue Rodríguez como Miguel Márquez pertenecen al PAN, partido que ha gobernado Guanajuato por tres décadas. Esto plantea interrogantes sobre la supervisión interna y los mecanismos de control dentro del mismo grupo político.
¿Qué sigue? Los resultados de la investigación podrían sentar un precedente para auditar contratos similares en otras entidades. La ciudadanía exige respuestas claras, especialmente en un estado con altos índices de violencia, donde los recursos destinados a seguridad son críticos.
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