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Deterioro de infraestructura vial utilizada para complementar el transporte público provoca consecuencias negativas: seguridad, retrasos y gastos. Propuesta de reformar Código Penal para sancionar daños intencionales.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Conforme a la legislación vigente en el Estado de Chihuahua, el daño intencional a la infraestructura vial destinada al sistema de transporte público no es sancionable. Sin embargo, el deterioro de la infraestructura vial es cada vez más evidente y puede llegar a tener consecuencias negativas en la seguridad de los ciudadanos.
Es por esto que desde el Congreso se ha planteado la posibilidad de reformar el Código Penal para tipificar penamente los daños a la infraestructura vial destinada a la prestación del servicio del sistema de transporte público. Esto con la finalidad de que las personas responsables enfrenten consecuencias penales y se tome conciencia del cuidado que se debe tener.
Los daños intencionales a la infraestructura vial provocan interrupciones a la movilidad y el derecho de las personas a la movilidad, además de llevar a la congestión del tráfico y retrasos en el sistema de transporte público. Esto conlleva costos económicos significativos que recaen en el presupuesto público o en los operadores del sistema de transporte público, lo que puede llevar a aumentos en impuestos o tarifas.
Las señales de tráfico y el mobiliario urbano son elementos esenciales para guiar de manera segura a los usuarios de la vía. La destrucción o alteración de éstas puede generar situaciones peligrosas y poner en riesgo la vida de los ciudadanos.
Es por ello que resulta necesario reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua, para garantizar que las vías de comunicación cumplan su función para la cual fueron creadas. Esto con la finalidad de mantener el transporte público en óptimas condiciones para que los usuarios puedan seguir trasladándose de manera segura, confiable, eficiente y cómoda.
Es importante el respeto de la infraestructura vial para garantizar la seguridad y el funcionamiento adecuado del sistema de transporte público. Por ello, es necesario adoptar constantemente acciones en materia movilidad, principalmente cuando el Estado ha ido en constante crecimiento y desarrollo económico.
En conclusión, el Congreso ha considerado imponer una sanción a quien de manera dolosa dañe los vehículos de motor destinados a la prestación del servicio del Sistema de Transporte Público. Esto con la finalidad de preservar y garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
