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El año pasado, en mayo del 2022, las fracciones del PAN (15 votos), PRI (5 votos), PT (1 voto) y MC (1 voto), en total 22 votos a favor, aprobaron en el Congreso del estado, la contra reforma judicial. La fracción de Morena se pronunció en contra con 10 votos, y un voto en contra de la diputada Ilse América García Soto, que en ese momento se encontraba en Movimiento Ciudadano, para obtener un total 11 votos en contra. Cabe señalar, que en este momento la diputada Adriana Terrazas Porras, voto en contra, y se manifestó en el pleno junto con todas y todos los diputados y diputadas de Morena (ver imagen). La incongruencia de la diputada Adriana Terrazas, ahora presidenta del Congreso del Estado, es más que evidente, pues actualmente ha declarado y avalado este proceso a todas luces irregular. Y además, apareció en la Consejo de MC, con María Ávila, quien es una de las propuestas, de la gobernadora María Eugenia Campos, y evidentemente de la presidenta del Congreso. María Ávila, una persona que no cuenta con el perfil necesario; y que, además, no contesto ni a una pregunta adecuadamente que le formulara el diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada de Morena, en la reunión de la Jucopo.
¿Cómo es que se puede garantizar un proceso transparente y justo, cuando la presidenta del Congreso del Estado, se sienta y aparece junto con una candidata a una magistratura?
En esta contra Reforma al poder Judicial, de facto eliminaron el concurso de oposición, para la selección de Magistraturas, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Ante esta situación, que arrebata el derecho a las personas con trayectoria judicial de competir por estas relevantes posiciones, la fracción parlamentaria de Morena, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, hasta el momento la Corte no ha emitido una resolución, que de certidumbre a este proceso.
Aun así, la convocatoria, para la elección de siete Magistraturas, fue publicada el pasado 16 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado. Y no importó, que exista una controversia constitucional; qué pasaría si se eligen Magistraturas, y estas empiezan a emitir resoluciones de casos, y después la Corte declara inconstitucional la reforma el poder judicial. Lo que necesitamos es certeza, en el proceso de elección de las magistraturas, y no un proceso claramente político y de conveniencia para la gobernadora María Eugenia Campos.
Este proceso ha estado plagado de irregularidades, una de ellas es el procedimiento que siguió la comisión tripartita, conformada por un representante de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, que es el coordinador de Asesores de la Secretaría General de Gobierno, Alfredo Pérez Howlet; el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso, Alfredo Chávez Madrid; y un representante del Poder Judicial, el magistrado José Alfredo Fierro Beltrán. Como podemos ver, todos incondicionales de la Gobernadora del Estado. Esta comisión trabajó sin transparencia para elegir a las ternas, pues en sus dictámenes no fueron exhaustivos, sin definir los criterios bajos los cuales integraron a unas personas a las ternas, y a otras las dejaron fuera. Lo que define un proceso de simulación total.
Por otro lado, hasta el momento, se han presentado 6 amparos y como resultado se ha suspendido la elección de magistraturas en tres salas, Segunda y Cuarta Salas Penales del Distrito Judicial Bravos, y Quinta del Distrito Judicial Morelos
En relación a la forma en la que se están resolviendo los amparos, no estamos de acuerdo. Pues la suspensión debiera de ser para todas las salas del Poder Judicial, y se debiera de aplicar un criterio generalizado; pues la convocatoria deja fuera a los funcionarios judiciales de carrera y abre la puerta para que estos cargos sean ocupados por políticos con claros intereses con el gobierno actual de Chihuahua.
