Nacional
Marcha nacional exige justicia a 11 años de Ayotzinapa
A once años de la noche de Iguala, la exigencia de verdad y justicia se mantiene vigente en las calles. La movilización busca presionar por respuestas concretas.
Convocatoria Nacional en el Undécimo Aniversario de la Desaparición Forzada
Los progenitores de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, han realizado una convocatoria formal para una marcha nacional que tendrá lugar este viernes. Esta movilización conmemora un hito sombrío: el undécimo aniversario de la desaparición forzada de los jóvenes normalistas, un evento que marcó profundamente la conciencia nacional e internacional sobre la crisis de derechos humanos en México. La persistencia de este acto anual subraya la insatisfacción con las investigaciones oficiales y la demanda inquebrantable de verdad y justicia.
El epicentro de la protesta se ubicará en la Ciudad de México, donde se anticipa la movilización de mayor envergadura. Se tiene prevista la participación significativa de estudiantes provenientes de diversas normales rurales del país, así como de integrantes del magisterio disidente, particularmente de sectores agremiados a las Coordinadoras Nacionales de Trabajadores de la Educación (CNTE). El recorrido establecido iniciará a las 16:00 horas desde el monumento del Ángel de la Independencia, con destino final en la plancha del Zócalo capitalino, espacio simbólico de la vida política y social mexicana.
La Voz de los Familiares y la Llamada a la Solidaridad Ciudadana
Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los 43 normalistas desaparecidos, fungió como portavoz para exhortar a la ciudadanía en general a sumarse a la manifestación pacífica. Su llamado enfatiza la necesidad de denunciar públicamente la persistente falta de avances sustanciales y de veracidad en la investigación del caso. En declaraciones recogidas por medios de comunicación, Ortega expresó: “Nuestra jornada de lucha concluye el 27, mañana es 26, son 11 años de los hechos y queremos hacer el llamado a organizaciones sociales, estudiantes, amas de casa, campesinos, pueblo en general, a que siga acompañando y esperamos que nos acompañen mañana a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia, que marcharemos para llegar al Zócalo de la Ciudad de México”. Esta petición refleja un esfuerzo por mantener la causa en la agenda pública y ejercer presión social sobre las instancias gubernamentales responsables.
El caso Ayotzinapa representa uno de los episodios más emblemáticos de violación sistemática de derechos humanos en la historia reciente de México. Los eventos ocurridos durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, involucraron la intervención de autoridades municipales y grupos delictivos, resultando en la desaparición de los 43 jóvenes, además de homicidios y heridos. A lo largo de una década, las investigaciones han estado plagadas de irregularidades, obstrucción a la justicia y versiones oficiales ampliamente cuestionadas por organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La marcha de este año no es solo una conmemoración, sino un recordatorio potente de la deuda pendiente del Estado mexicano con las víctimas, sus familias y la sociedad.
Adhesiones Sindicales y Movilizaciones Concurrentes en el Territorio Nacional
La convocatoria ha encontrado eco en organizaciones sociales y sindicales. Las secciones de la CNTE en los estados de Guerrero y Chiapas han confirmado su adhesión activa a las protestas. En Guerrero, la coordinadora convocó al magisterio disidente a integrarse al contingente que se manifestará en la capital del país este viernes. Adicionalmente, ha organizado una marcha paralela para el sábado 27 de septiembre a mediodía en las calles de Iguala, ciudad donde ocurrieron los hechos, lo que añade un componente de memoria local y reclamo en el lugar mismo de los eventos.
Por su parte, la CNTE en Chiapas llevó a cabo una manifestación de protesta este jueves a las 09:00 horas en el Parque Chiapasiónate, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. Estas acciones descentralizadas demuestran la nacionalización de la demanda de justicia y solidaridad con el caso Ayotzinapa, trascendiendo las fronteras de Guerrero para posicionarse como un tema de interés y preocupación a nivel nacional. La participación de estos sectores del magisterio refuerza el carácter popular y amplio de la movilización, vinculando la exigencia de justicia para los normalistas con luchas más amplias por la educación pública y los derechos sociales.
Desde una perspectiva analítica, la persistencia de estas movilización anuales tras once años indica varios fenómenos interconectados. Primero, la resiliencia y organización de los colectivos de víctimas, que han logrado mantener la cohesión y el impulso de su lucha a pesar del tiempo transcurrido y los obstáculos institucionales. Segundo, la incapacidad o falta de voluntad del Estado para proporcionar respuestas creíbles y efectivas que conduzcan a la localización con vida de los estudiantes o, en su defecto, al esclarecimiento jurídico completo de los hechos y el castigo a todos los responsables intelectuales y materiales. Tercero, el caso se ha convertido en un símbolo de impunidad estructural, donde la colusión entre actores políticos y grupos criminales queda en evidencia, erosionando la confianza en las instituciones. Cada marcha no solo conmemora una tragedia, sino que actualiza la exigencia de un cambio profundo en el sistema de justicia y seguridad.
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Nacional
Rubio descarta enviar tropas a México para combatir el narco
El secretario de Estado estadounidense aclara la estrategia de su país frente al crimen organizado, destacando la colaboración sin intervención militar.
La postura de EE.UU. sobre el narco en México, sin filtros
En un giro que nadie se esperaba (o quizá todos), el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, salió a aclarar las cosas con la delicadeza de un elefante en una cacharrería. Básicamente, dijo que Estados Unidos no tiene en sus planes invadir México con sus tropas para luchar contra los cárteles de la droga. Vaya, qué alivio, ¿no? Pero, acto seguido, soltó la bomba: hay zonas enteras de nuestro querido México que, según él, están “controladas” por el narco, una fuerza que describe como “más poderosa que las fuerzas del orden locales e incluso que las nacionales”. O sea, nos tiró el típico ‘no voy a meterme, pero tu casa está hecha un desastre’. Gracias, tío.
Todo esto pasó en el Aeropuerto Internacional de Hamilton, en Canadá, donde los líderes del G7 se reunieron para, supongo, resolver los problemas del mundo entre canapés. Ahí, le preguntaron sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, un crimen que ocurrió el 1 de noviembre, en plena celebración del Día de Muertos. Porque, claro, los cárteles no respetan ni las tradiciones más mexas. La respuesta de Rubio fue un clásico manual de diplomacia gringa: “Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México”. Traducción: ‘No vamos a ser los malos de la película… por ahora’. Pero luego añadió la letra pequeña: pueden ayudar con equipo, capacitación, e intercambio de inteligencia, siempre y cuando México lo pida. O sea, el clásico ‘si necesitas algo, me lo dices, pero no voy a adivinar tu mente’.
La retórica de la ‘guerra contra el narco’ se intensifica
Rubio no se mordió la lengua y defendió la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, una etiqueta puesta por el presidente Donald Trump. Según él, que estos grupos no tengan una motivación ideológica no los exime de ser terroristas. “No hace falta ser ideológico para ser terrorista”, declaró, en un tono que recuerda a esos debates filosóficos que tienes a las 3 de la mañana después de demasiados tacos. Y remató con que los cárteles tienen “más armas, mejor entrenamiento, mejor inteligencia y más capacidades que los Estados nación”. Básicamente, nos pintó un escenario post-apocalíptico donde los narcos son los nuevos jefes del mundo. ¿Alguien más está pensando en ‘Mad Max’ pero con narcocorridos de fondo?
Para darle más dramatismo a su relato, citó el caso de Ecuador, donde los cárteles “amenazan al Estado ecuatoriano”. Y, volviendo a México, insistió en que “hay zonas del país que, francamente, están controladas por estos cárteles”. O sea, según esta lógica, podríamos tener ‘narco-estados’ dentro del país, un concepto que suena más a temporada nueva de una serie de Netflix que a la realidad. Pero, hey, quién somos nosotros para cuestionar.
Calificó a los cárteles como “el problema endémico más grave en la región”, y subió la apuesta al llamarlos no solo organizaciones criminales, sino organizaciones terroristas que “amenazan la viabilidad y las capacidades de los Estados nación”. Suena serio, ¿verdad? Como si estuviéramos a un paso de que esto se convierta en el próximo ‘plot’ de una película de acción.
La cooperación bilateral: ¿un rayo de esperanza o pura retórica?
Pero no todo es pesimismo y doomscrolling en esta historia. Rubio también destacó que el nivel de cooperación entre Estados Unidos y México es “el más alto de la historia”, y que está creciendo. Dijo que tienen una “excelente relación” y que han logrado “avances increíbles” en los primeros 10 meses del año. Entre esos logros, mencionó que las extradiciones se están haciendo “más rápido que nunca”. O sea, parece que algo se está moviendo, aunque reconoció que es un problema de larga data y que “tomará tiempo ver progresos tangibles”. En otras palabras, no esperen un final feliz para mañana.
En resumen, el mensaje de Rubio fue una mezcla de ‘estamos aquí para ayudar, pero no vamos a invadir’ y ‘la situación está fea, pero estamos colaborando’. Un baile diplomático que deja más preguntas que respuestas. ¿Realmente esta cooperación será suficiente para frenar el poder de los cárteles? ¿O solo es otro capítulo en la interminable guerra contra el narcotráfico?
Si este drama geopolítico te tiene en ascuas, comparte este artículo en tus redes sociales y explora más contenido relacionado con la seguridad y las relaciones internacionales en nuestro sitio. Porque, seamos honestos, esto es más intrigante que el final de tu serie favorita.
Nacional
Corte obliga a Elektra a pagar millonaria deuda fiscal
La justicia falla en un histórico caso fiscal, cerrando una batalla legal de más de una década y ordenando un desembolso billonario.
La Corte pone fin al ‘sprint’ fiscal de Salinas Pliego
Pues sí, amigos de lo ajeno a las obligaciones fiscales, el drama legal del año (o al menos de la semana) tiene un nuevo capítulo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su papel de profesor estricto que no acepta tareas a medias, le puso un alto a Grupo Elektra, la joya de la corona de Ricardo Salinas Pliego. El veredicto final, con sabor a ‘se lo dije’, es que la empresa deberá desembolsar la no tan módica cantidad de 33,306 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Básicamente, es el equivalente a que te llegue un estado de cuenta de tu tarjeta de crédito después de unas vacaciones muy, pero muy exuberantes, solo que multiplicado por unos cuantos millones.
¿Qué pasó? Resulta que los ministros, en una jugada que nos recuerda que las reglas sí aplican para todos, revocaron la decisión de la expresidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, quien había aceptado revisar el amparo de la empresa. El ministro Arístides Guerrero García fue el encargado de soltar la bomba con su proyecto de sentencia, argumentando que el asunto, aunque sonaba importante, no cumplía con los requisitos de excepcionalidad. O sea, ya se había visto este tipo de problemáticas antes y ya existen precedentes. En cristiano: no era para tanto drama. Así que, con la elegancia de quien cancela una suscripción que no usaba, la Corte declaró fundado el recurso de reclamación de Hacienda y mandó al archivo el amparo. Game over.
El ‘plot twist’ y la reacción digna de una telenovela
En un intento por cambiar el guion, Grupo Salinas incluso promovió un impedimento para que la ministra Lenia Batres Guadarrama no participara en la resolución. Spoiler alert: no funcionó. El proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, aprobado por unanimidad, sentenció que las expresiones de la ministra de años anteriores, cuando ni siquiera estaba en el tribunal, no contaban como prejuzgamiento. Vamos, que no se le puede juzgar por lo que dijo antes de tener el trabajo. ¿Suena lógico, no?
La reacción de Grupo Salinas no se hizo esperar y fue, como diríamos coloquialmente, para enmarcar. En un comunicado que mezcla la épica de ‘El Señor de los Anillos’ con el melodrama de una telenovela vespertina, la empresa acusó a los ministros de la “espuria Suprema Corte” de asestar un “golpe fulminante a la justicia”. Según su narrativa, esto no es más que el clímax de una persecución épica que incluye “285 menciones en las mañaneras” y un “linchamiento mediático” contra su fundador. Básicamente, se pintan como los héroes incomprendidos de una distopía fiscal, omitiendo convenientemente el pequeño detalle del adeudo multimillonario.
Y por si el drama nacional no fuera suficiente, la empresa ya anunció que se verá obligada a acudir a “otras vías“, incluyendo el ámbito internacional. Traducción: si no me dan la razón aquí, me quejo en todas las instancias posibles hasta que alguien me haga caso. Prometen exhibir “ante los ojos del mundo” las pruebas de esta “persecución política sistemática”. Suena a la próxima temporada de una serie de streaming, pero con muchos, muchos ceros en juego.
Este desenlace judicial sella uno de los procesos judiciales más largos y mediáticos en la historia fiscal reciente del país, un recordatorio de que, al final del día, hasta los magnates más poderosos tienen que rendir cuentas. O al menos, esa es la teoría.
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Nacional
Fallecen 26 personas en situación de calle en Pachuca por frío
La falta de un albergue permanente y las bajas temperaturas han cobrado vidas, mientras una iniciativa ciudadana busca ofrecer auxilio inmediato.
Análisis de una crisis humanitaria en la zona metropolitana de Pachuca
Una investigación detallada de los datos proporcionados por la Organización por la Inclusión y Derechos Humanos, a través de su representante Pamela Álvarez, revela una situación crítica en el estado de Hidalgo. Durante el transcurso del año 2025, se han registrado 26 decesos de personas en situación de calle y abandono dentro de la zona metropolitana de Pachuca. El análisis de las causas determina que la mayoría de estos fallecimientos son una consecuencia directa de las adversas condiciones climáticas, específicamente las bajas temperaturas, agravadas por la presencia de enfermedades oportunistas en una población con la salud debilitada.
La distribución geográfica de estas muertes evidencia la magnitud del problema: 15 ocurrieron en el municipio de Pachuca, 7 en Mineral de la Reforma y 4 en otras demarcaciones de la conurbación. Esta data no solo cuantifica una tragedia, sino que señala una fractura en el sistema de protección social y la ausencia de políticas públicas efectivas para este segmento de la población. Cabe destacar que, pese a los esfuerzos de gestión de la sociedad civil organizada, la aprobación para la creación de un refugio permanente no ha sido concretada por las autoridades competentes, lo que constituye un factor determinante en esta crisis.
Estrategia ciudadana y el panorama de vulnerabilidad extrema
Como respuesta inmediata a esta inacción institucional, se ha desarrollado la iniciativa “Techo Itinerante de Atención Prioritaria“. Este proyecto, de carácter provisional, busca mitigar la problemática del fenómeno de calle mediante la implementación de módulos móviles de atención. La estrategia operativa consiste en desplazar estos puntos de auxilio a las localizaciones con mayor concentración de población en extrema vulnerabilidad. Los servicios que se brindarán son integrales e incluyen: alimentación adecuada, atención médica básica, análisis de casos particulares para su canalización, kits de higiene personal, insumos de salud menstrual y, de manera crucial, elementos de protección contra el frío.
El objetivo cuantificable de esta intervención es impactar positivamente a aproximadamente 200 individuos. Sin embargo, este número debe contextualizarse con la estimación de que en la región metropolitana de Pachuca coexisten alrededor de 1,800 personas en situación de calle. La investigación identifica que esta cifra ha experimentado un crecimiento exponencial desde el año 2020, un fenómeno atribuible a una confluencia de factores estructurales como la pandemia de COVID-19, la desaceleración económica global y los complejos fenómenos migratorios de la región.
Un análisis más profundo de las condiciones de vida de esta población identifica un entramado de problemáticas interconectadas que perpetúan su estado de indefensión. Estas comunidades enfrentan violencia intrafamiliar, invisibilidad social sistemática, violencia institucional, explotación laboral, estigmatización pública y una profunda exclusión que genera un círculo vicioso de difícil ruptura. Aunque se reconoce la labor del Refugio Invernal operado en Pachuca, su alcance es limitado, dejando en estado de total desamparo a los municipios aledaños de la zona metropolitana.
La iniciativa del Techo Itinerante pretende, por tanto, ampliar la cobertura a siete demarcaciones. Un dato que refleja la gravedad de la exclusión es el destino final de las 26 personas fallecidas: la mayoría, al carecer de familiares que los reclamen o incluso de documentos de identidad, terminan siendo inhumados en la fosa común. La investigadora Pamela Álvarez alerta que el periodo más crítico de la temporada invernal está por llegar, por lo que, de no mediar una intervención robusta y coordinada, es previsible que el número de decesos continúe en ascenso.
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