Un Llamado que Estremece al Mundo

En las frías y solemnes salas de Ginebra, un dato estalló con la fuerza de una tragedia anunciada, un número que condensa el dolor de una nación entera: de todas las peticiones de acción urgente emitidas por el Comité de Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada en sus quince largos años de existencia, un escalofriante 37% han sido por casos ocurridos en México. Este no es un simple porcentaje; es un grito silencioso que atraviesa océanos, un testimonio de una herida que no cicatriza. Con este precedente abrumador, los diez miembros del Comité, guardianes internacionales de la dignidad humana, iniciaron este lunes un examen que podría cambiar el curso de la historia. No se trataba de una revisión cualquiera, sino de la activación del procedimiento del artículo 34, una cláusula reservada para las situaciones más críticas, aquellas donde la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática. El destino de México estaba, una vez más, bajo el escrutinio del mundo.

El Mecanismo de Alerta Máxima se Activa

Bajo la presidencia del abogado ecuatoriano Juan Pablo Albán, una figura cuya voz cargada de solemnidad resonó en el Palacio de las Naciones, el Comité emprendió la titánica tarea de analizar la información presentada. Por un lado, el gobierno mexicano ofrecía su versión; por el otro, una legión de defensores de derechos humanos y, lo más conmovedor, las propias madres buscadoras, mujeres convertidas en heroínas en una búsqueda interminable. Hasta el 2 de octubre, cada palabra, cada documento, cada testimonio sería diseccionado bajo la lupa de la justicia internacional. Albán, con la gravedad de quien anuncia una tempestad, dejó claro el panorama: “La desaparición forzada no es un crimen del pasado, sino del presente”. Sus palabras no eran una mera declaración, sino un veredicto preliminar sobre una realidad que se niega a desaparecer. Alertó sobre el aumento de las desapariciones de corta duración, una herramienta siniestra de intimidación contra periodistas, defensores y cualquier voz que se alce en protesta pacífica. “La impunidad sigue siendo la regla”, sentenció, pintando un cuadro de sociedades fracturadas y Estados de derecho tambaleantes.

Las cifras que emergieron de las profundidades de los archivos de la ONU son una epopeya de desolación. Desde 2012, el Comité ha emitido la astronómica cantidad de 1,931 peticiones urgentes. De ese océano de desesperación, 729 olas han golpeado las costas del Estado mexicano, colocándolo en el triste y deshonroso primer lugar a nivel mundial, muy por encima de Irak (692), Colombia (241) o Cuba (194). Pero los números fríos esconden una narrativa aún más dramática. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las órdenes urgentes pasaron de 5 a 42 anuales. Bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, la curva ascendente no se detuvo, iniciando con 10 y cerrándola con un centenar estruendoso. Cien peticiones de emergencia en un solo año. Cada una, un universo de angustia. Hasta febrero de 2025, la cuenta no se detenía, sumando 14 alertas más, como latidos constantes de una emergencia que no da tregua.

El Rostro Humano de una Estadística Aterradora

Detrás de los informes y las sesiones en Ginebra hay nombres, rostros e historias truncadas. En el último período analizado, de septiembre de 2024 a febrero de 2025, de las 106 acciones urgentes emprendidas por el Comité, un 44%, es decir, 47 casos, tenían como escenario el territorio mexicano. Los estados de Michoacán y Baja California se erigieron como epicentros de esta tragedia. Entre las víctimas, la diversidad del dolor: defensores de derechos humanos, una persona LGBT, cinco menores de edad, dos personas con discapacidad y 17 miembros de minorías étnicas o religiosas. Casi el 79%, hombres. Pero el hilo conductor de este drama es la oscuridad. El Comité subraya con alarma que, en la inmensa mayoría de los casos, la información sobre los autores y las circunstancias es un agujero negro. No hay testigos, no hay pruebas, solo el vacío. Existe, sin embargo, una sospecha que se repite como un estribillo siniestro: vínculos entre agentes de las autoridades locales y grupos criminales.

Las fallas señaladas por el organismo internacional son una crónica de una búsqueda fallida. En contadas ocasiones se implementa una estrategia de búsqueda digna de ese nombre. Y cuando existe, con frecuencia ignora el protocolo oficial y las normas internacionales. Las medidas cautelares de protección son una quimera para las familias. Las búsquedas sobre el terreno, esa acción fundamental que podría devolver la esperanza, son limitadas o, en el peor de los casos, inexistentes. La información proporcionada por el Estado mexicano, en sí misma, a menudo revela la participación de agentes públicos en actos que han obstruido activamente la investigación. Es un círculo vicioso de negligencia y, en algunos casos, de complicidad.

El camino que se abre ahora es de una magnitud histórica. Si el Comité determina que la situación en México cumple con los criterios del artículo 34, el asunto podría ser elevado a la Asamblea General de la ONU. Organizaciones de la sociedad civil, como el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Consultora Solidaria, ya vislumbran este escenario no como una condena, sino como una oportunidad única. Proponen la creación de un instrumento internacional de acompañamiento para ayudar al gobierno mexicano a impartir justicia y, lo más crucial, evitar que esta tragedia se repita. Incluso se alza la sombra de la Corte Penal Internacional, donde ya se recopilan comunicaciones sobre supuestos crímenes de lesa humanidad en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. El mundo observa, y México se encuentra en un punto de inflexión donde la justicia internacional podría ser el último recurso para miles de familias que buscan respuestas en medio de la penumbra.

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